Por: Betty Martínez Fajardo
En medio de sus precariedades las familias wayuu de la comunidad de Tokoromana del resguardo Perrapu, atendieron a los magistrados y peritos de la Corte Constitucional que llegaron a realizar una inspección judicial a la sentencia T 302 de 2017 en los temas de acceso al agua potable, vías y seguridad alimentaria.
Hugo Escobar Fernández De Castro magistrado comisionado en la diligencia judicial en delegación del magistrado Carlos Camargo Assis, y Carolina Murillo, magistrada auxiliar del magistrado Vladimir Fernández Andrade, escucharon detenidamente las intervenciones de la comunidad representados en los lideres que previamente se inscribieron para participar de la diligencia.
Fue una mañana bastante calurosa, con distintas intervenciones que siempre solicitaban lo mismo acceso al agua potable.
Tokoromana es una comunidad indígena a 25 minutos de Riohacha, allí bajo la enramada los magistrados presidieron la diligencia acompañados de tres peritos expertos y del palabrero Rafael Mercado.
Rosa Redondo, líder wayuu del resguardo de Perrapu, fue la anfitriona, y quien les contó a los magistrados que para acceder al agua potable la deben comprar a los carrotanques.
“Un viaje de agua cuesta hasta 300 mil pesos, lo compramos de nuestro bolsillo y nos abastece solo durante dos días”, expresó la líder wayuu.
La situación se complica dijo Rosa, porque los jagueyes por falta de lluvias están secos, sitios de donde también se abastecen de agua.
En tanto la líder wayuu Matilde López, expresó que a pesar de que pasa el tiempo los avances del cumplimiento de la sentencia T 302 de 2017 son pocos.
“Existe una falencia gravísima en materia de agua, el 90% de las comunidades de Riohacha padecen de agua, no tenemos garantizada el agua para los seres humanos, para los niños, para las niñas sobre la cual esta sentencia dio unas ordenes específicas que aún no se cumplen”, dijo.
Matilde, expresó que hoy existe un nuevo gobierno con quien están en plena disposición y abiertos al diálogo.
La autoridad tradicional de Loma Fresca, Gabriel Ipuana, también expresó su inconformismo porque no tienen acceso al agua potable.
“Aquí en la comunidad la vía es buena y necesitamos agua, aquí hay mucha sed, mira el rostro de nuestro territorio como está este rostro por falta de agua”, expresó a través del palabrero Rafael Mercado.
También dijo “los arijuna de Riohacha en épocas electorales vienen y nos traen agua de Frutiño, nos engañan con eso, no atienden nuestras solicitudes”.
Otro de los temas tratados fue el de las vías, la líder wayuu Emelina Ipuana, expresó que en épocas de invierno sufren cuando los niños se enferman y tienen una emergencia no tiene como salir de manera rápida.
“Las soluciones que lleguen que sean concretas, que sean de larga duración para que mejoren nuestras condiciones de vida”, expresó.
Por su parte, Luz Peraza Cambar, líder social del resguardo de Unachon que alberga a 28 comunidades en la vía Valledupar, resalta la construcción de un pozo profundo por parte de la gobernación de La Guajira y la alcaldía de Riohacha, pero que se encuentra fuera de servicio desde el mes de febrero de este año.
Relató que ha solicitado a través de documentos a la gobernación y la alcaldía el arreglo del pozo, pero hasta el momento no se le ha atendido.
En la comunidad de Loma Fresca, se instaló una planta desalinizadora, que se encuentra fuera de servicio hace aproximadamente diez años, informó la líder wayuu Yeni Pushaina.
En tanto, Guillermo Camargo, de la comunidad de Cocoyomana y Walarramana, advirtió de otras 9 comunidades que padecen de agua. “Los niños no tienen agua potable, les da diarrea”, indicó.
Belisario Wouriyu, autoridad tradicional de la comunidad de Loma Fresca, dijo que reciben dos viajes de carrotanques mensual que les envía la empresa de Servicios Públicos de La Guajira, que les es insuficiente para atender a toda la población.
“Solo nos abastece seis días, ya después nos toca comprar el agua por pimpinas, o utilizamos el jaguey cuando llueve, aquí tenemos una planta desalinizadora que se dañó hace muchos años y esperamos que con esta visita la puedan arreglar”, expresó.
La diligencia que se ordenó no debe entenderse como un simple desplazamiento administrativo, sino como una herramienta probatoria de rango constitucional, orientada a contrastar la información obrante en el expediente con las condiciones efectivamente observables en el territorio.
Transcurridos ocho (8) años desde la notificación de la sentencia y cuatro (4) desde la orden de diseñar un Plan Provisional de Acción, la Sala requiere verificar directamente los resultados de las acciones ejecutadas por los gobiernos nacional y regional, su ajuste a la cosmovisión del pueblo indígena, la situación actual de la niñez Wayuu frente al goce efectivo de sus derechos, y los bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que impiden la superación definitiva del Estado de Cosas Inconstitucionales.
