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Sobre la transparencia y la eficacia de la inversión pública

Por: Veeduría para la implementación de la sentencia T 302 de 2017

En Colombia diferentes autores e instituciones académicas como Fedesarrollo, han venido realizando   balances en torno a los impactos fiscales y los malos usos de las transferencias   de recursos del Sistema General de Regalías – SGR y el Sistema General de Participaciones.    Evidencian  que  en el  país (instancia nacional),  sus regiones (nivel subnacional) y localidades (municipios)   aún no  se  logran superar   los problemas  en torno de   utilizar de manera pertinente y eficiente los recursos recibidos, que  en el caso de las regalías alcanzaron  los mayores montos entre los años 2000 y 2012, cuando se cuadruplicaron con respecto a 1970-1980,  motivado por el aumento de la producción,  el alza en  los precios  del   petróleo y carbón,  comportamiento  que  ha sobrevivido   muy a pesar de los ajustes introducidos al modelo  de gestión de las regalías.

Buena parte de estos recursos han sido administrados directamente por los entes territoriales y la gestión de los mismos ha venido generando críticas por parte de los organismos de control. De manera insistente se cuestiona la contratación y los compromisos de los gobernantes con sus parcialidades políticas que limitan la gestión e inversión eficiente. Para romper esa cadena, se han propiciados escenarios de mayor participación ciudadana y la rendición periódica de cuentas, sin embargo, ello no se logra.

La Contraloría General de la República, ha señalado que, en el actual contexto de ejecución de los recursos, la administración pública en Colombia se ha caracterizado por su debilidad y ello se debe a las deficiencias en los sistemas de información pública.  La ausencia de controles y a la contratación indiscriminada abren los caminos al despilfarro de los recursos, lo que se reitera en el informe de auditoría 2023 a las instituciones nacionales y territoriales que participan en la implementación de la Sentencia T-302 de 2017.

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, ha venido señalando que entre 2010 y 2023, en La Guajira se presentaron 922 delitos contra la administración pública y solo en el 16% de los casos hubo capturas; en un 2%, se dictaron condenas, y las imputaciones fueron del 24%. Se evidenciaron 700 casos sin imputación, 770 sin captura, 765 sin acusación y 899 sin condenas. A esta cadena de hechos que comprometen la eficiencia y la transparencia de la función pública, se le adiciona el escándalo de la compra irregular de 80 carrotanques para suministrar agua en La Guajira por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y que están inoperantes en guarniciones militares por falta de conductores, seguros, pago de impuestos y de combustible, lo que ha llevado a la Oficina de Transparencia a denunciar penalmente los hechos ante la fiscalía.

 La Contraloría General de la República, en el marco de la auditoria a 42 entidades vinculadas con la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 determinó que invirtieron cerca de $ 2.1 billones entre 2019 y 2022, detectándose 21 irregularidades fiscales por $12.088 millones y 72 de carácter disciplinario, lo que han impedido cumplir el fallo sobre los derechos de niños wayuu. Señala que no hay destinación de recursos específicos para atender lo solicitado en la Sentencia de la Corte Constitucional y también falta de articulación entre las entidades y las comunidades indígenas.  Un ejemplo de ello se precisa en atención a los niños wayuu, en donde la Contraloría encontró que las entidades gubernamentales desarrollan sus programas y proyectos, pero no comparten sus resultados ni se comunican debidamente.

La Universidad el Rosario, precisa que la mala gestión de los recursos no es solamente un problema de corrupción de los funcionarios, sino también un problema del tipo de gestión territorial. En relación con las regalías ha señalado que La Guajira, luce como si tuviera una doble vida presupuestal y financiera. De una parte, se tiene un alto volumen de recursos para ser gestionado a través de la infraestructura institucional. En este campo es rica en recursos. De otra, tiene recursos propios limitados que en muchos casos no alcanzan para cumplir con los indicadores fiscales y de gestión de acuerdo con las leyes 358, 617 y 819, y muchas obligaciones financieras que tiene el departamento. En este campo La Guajira es limitada, sus recursos de libre destinación parecen no alcanzar para cumplir sus compromisos de ley.

En la investigación realizada por Fuentes y otros, precisan las deficiencias existentes en las dependencias del Departamento y en sus municipios. Demuestran que muy a pesar de la importancia de los programas, el tamaño de aportes económicos y fiscales asociados al proyecto carbonífero del Cerrejón, las entidades territoriales no han hecho el mejor aprovechamiento de los recursos antes y después de entrar en vigencia el nuevo sistema de regalías. Los investigadores manifiestan que a pesar de los cuantiosos ingresos administrados por el Departamento y sus municipios, en su mayoría derivan de fuentes externas o exógenas, lo que los vuelven totalmente dependiente, como es el caso de las regalías.

Los cuestionamientos apuntan a que el incremento de los recursos ocurridos en las últimas décadas no se ha traducido en una mejor gestión territorial.  El mayor volumen de recursos no ha generado los resultados sociales esperados y las brechas sociales se mantienen, pues la lógica clientelista va detrás de los recursos públicos y no es para hacer una mejor gestión.  En el caso colombiano y   teniendo como base lo informado y documentado por los organismos de control fiscal sobre La Guajira, todo indica que las inversiones realizadas en los sistemas generales de participación (programa PAE, transporte escolar y asignaciones especiales para los resguardos indígenas) y regalías se caracterizan por la baja pertinencia y mala calidad del gasto, realidad que se vuelve más compleja si es vista desde los procesos de tramitación y ejecución de los proyectos.

En La Guajira las Asignaciones Especiales del Sistema General de Participaciones de los Resguardos Indígenas que aún son administradas por las entidades territoriales, no son marginales. Ellas pueden ser importantes para intervenir y superar el estado de cosas inconstitucional – ECI que vive el pueblo wayuu.  En el 2022 los recursos fueron del orden de $67.532.3 millones en La Guajira, equivalente al 22% de los recursos recibidos por todas las comunidades indígenas colombianas. Si se suman los recibidos entre el 2010 y el 2022 a precios de 2022, los montos de los cuatro municipios cubiertos por la sentencia T-302 de 2017 se sitúan en cerca de $ 556.036,2 millones.

Entre las causas generadoras de la crisis humanitaria en La Guajira se encuentra la ineficacia en la gestión de la asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas –AESGPRl. El inadecuado manejo de los recursos se presenta por la ausencia de controles efectivos, llevando a que las acciones que se ejecutan fracasen en manos de funcionarios, líderes, contratistas u operadores que, a pesar de haber sido encomendados con una tarea, la incumplen en desmedro de los derechos de los niños wayuu. 

Los proyectos de inversión son de bajo impacto o enfocados a actividades familiares que tienen baja sostenibilidad y sin diagnósticos para conocer la línea base de las necesidades a cubrir. De los proyectos de inversión anexados a los contratos, algunos tienen nombres muy pertinentes, pero los objetivos, productos y actividades no están bien definidos. Al menos el 90% de los proyectos se encuentran enfocados a suministro, sin estar relacionados claramente con las acciones para intervenir la situación y superar el problema planteado en el proyecto.

La Corporación Transparencia por Colombia ha venido exponiendo en sus informes     que en La Guajira   se mantienen altas posibilidades de que se presenten hechos de corrupción en las alcaldías y en la gobernación.  Esta es una de las principales conclusiones de los informes anuales sobre el índice de transparencia. Advierten que la débil capacidad para entregar información, la falta de procesos y procedimientos administrativos para la toma de decisiones y la inoperancia de medidas de control dejan abierto el camino al despilfarro de los recursos públicos.

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