La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional concluyó que persisten prácticas inconstitucionales y bloqueos institucionales en las entidades responsables de garantizar los derechos al agua, la alimentación, la salud y la participación de la niñez wayuu. Asimismo, identificó deficiencias en los mecanismos de vigilancia, control e investigación de irregularidades administrativas.
A pesar de algunos avances, la Sala señaló que el protocolo de buenas prácticas administrativas diseñado por las entidades obligadas al cumplimiento del fallo aún presenta deficiencias. Entre los problemas detectados se encuentran la falta de estrategias para mejorar la ejecución de recursos, la carencia de rutas claras para actualizar manuales de contratación, deficiencias en el manejo de la información contractual y financiera, así como problemas en la respuesta a requerimientos de otras autoridades. También se identificaron quejas sobre la sostenibilidad y efectividad de los proyectos diseñados y ejecutados en beneficio de la comunidad Wayuu.
En cuanto a las acciones de los órganos de vigilancia, control e investigación, la Sala analizó el protocolo y matriz interinstitucional para el reporte y cruce de información sobre actuaciones administrativas y sancionatorias derivadas de la sentencia. Sin embargo, advirtió obstáculos como la provisionalidad de estos instrumentos, dificultades en la recopilación de información, falta de especialización del personal a cargo y problemas en la formulación de diagnósticos y hallazgos.
Ante este panorama, la Corte ordenó ajustes a estos instrumentos y la elaboración de cronogramas de trabajo que permitan mejorar la administración, ejecución, auditoría e investigación de los recursos destinados a superar el estado de cosas inconstitucional. También exigió la presentación de informes específicos para evaluar el avance en la protección de los derechos de la niñez wayuu.
