En comunicación enviada al Director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González Angulo, la Red Internacional de 18 organizaciones católicas de Europa y Norteamérica –CIDSE-, quienes vienen trabajando en 120 países en asuntos de Justicia Social y cuyos miembros han trabajado junto a comunidades en Colombia durante décadas, expresan su preocupación por la situación de precariedad y abandono que padece el pueblo Wayuu en el departamento de La Guajira en el contexto de la pandemia del Covid-19, que también sufren los demás pueblos indígenas y comunidades negras en Colombia.
Expresan en la comunicación que de acuerdo a información recibida de sus Copartes –Cinep-, la emergencia sanitaria declarada a causa del Covid-19 aumentó las preocupaciones y riesgos en las comunidades vulnerables de Colombia, siendo La Guajira un caso especial pues allí el 26,5% de la población vive en pobreza extrema.
Manifiestan que es un territorio desértico con vías de comunicación precarias y una población sin acceso a servicios básicos, por lo cual el impacto ha sido devastador: El pueblo Wayuu y las comunidades negras esta sin agua, ni alimentos.
Proponen que de manera urgente se elabore un plan de acción – junto con las comunidades, tomando en cuenta medidas para evitar la expansión de la pandemia para garantizar que se efectúen acciones coordinadas y efectivas a nivel nacional, y en La Guajira para garantizar la vida de los indígenas Wayúu y su acceso a los derechos fundamentales al agua, la salud, la alimentación y la participación en medio del estado de emergencia nacional declarado con ocasión a la pandemia del COVID-19.
“Ya antes de la pandemia la crisis humanitaria que enfrentaba el pueblo Wayúu en La Guajira llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptara una Resolución de medidas cautelares para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades del pueblo Wayúu, en el departamento de La Guajira», dice la comunicación.
Asimismo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T 302 de 20172 , declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira con ello reconociendo la vulneración “generalizada, desproporcionada e injustificada» de los derechos constitucionales al agua, la salud, la alimentación y la participación étnica en especial de las niñas y niños Wayúu en La Guajira y, ordenó al Estado construir una política pública con participación de las comunidades Wayúu.
En seguimiento a esta sentencia se estableció una Veeduría Ciudadana de verificación al cumplimiento con las obligaciones establecidas en la Sentencia T-302-2017, en especial a las políticas públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira, quienes alertaron a los miembros de CIDSE sobre la situación.
En razón de esas consideraciones, solicitan que el Estado colombiano y sus autoridades en sus distintos niveles y competencias, tomen las medidas necesarias para atender de manera urgente e integral al pueblo Wayúu en aras de evitar una tragedia y mitigar los riesgos de la pandemia que se disemina por el país, a la que se hallan especialmente expuestos, considerando las recomendaciones de la veeduría en su acción urgente.
La comunicación lleva la firma de Josianne Gauthier, Secretaria General de la organización.
