La Procuraduría General de la Nación solicitó una intervención urgente en Riohacha para atender a más de 1.000 personas, entre indígenas y afrocolombianos desplazados por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la región.
Esta solicitud se produce después de verificar la situación de 315 indígenas Wiwa que han buscado refugio en la Casa Indígena de Riohacha, tras los combates en el corregimiento Juan y Medio, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde el 25 de febrero de 2024.
Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, señaló que la atención brindada a estas víctimas es insuficiente por parte de la administración local y prácticamente inexistente por parte del Gobierno Nacional.
La situación en los albergues presenta serios problemas de escasez de agua, hacinamiento, malas condiciones para dormir y brotes de enfermedades respiratorias, especialmente entre menores de edad, mujeres gestantes y lactantes.
En este contexto, Sarmiento hizo un llamado a las entidades nacionales para que se presenten y capaciten a las nuevas administraciones locales sobre la normatividad y procedimientos con enfoque étnico diferencial para una atención adecuada a esta población, considerando sus usos y costumbres.
Asimismo, instó a la Fuerza Pública a intervenir de manera inmediata en el territorio para restablecer el orden y evitar más casos de reclutamiento de menores, delitos sexuales y garantizar condiciones de seguridad para el retorno seguro de estas comunidades lo antes posible.
