La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, quien actualmente se encuentra suspendido provisionalmente de su cargo. Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la licitación pública llevada a cabo para la contratación, por un período de 30 años, de la operación, ampliación, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado sanitario del distrito.
Además del alcalde, los miembros del comité evaluador, Keyder Freyle Sarmiento (secretario de Infraestructura y Servicios Públicos), Ronald Neil Pérez Ojeda (director de Contratación) y Edén Elí Moscote Roys (tesorero distrital), también enfrentan cargos relacionados con estas presuntas irregularidades.
El Ministerio Público cuestionó al alcalde por la presunta vulneración de los principios de responsabilidad y planeación en el proceso de contratación, asimismo alega que a pesar de las advertencias previas de la Procuraduría sobre posibles falencias en el proceso, el contrato fue adjudicado y celebrado con Aqualia Riohacha S.A.S. E.S.P. En este sentido destaca la falta de información precisa sobre la infraestructura a revertir, el estado y valor de los bienes objeto de reversión, así como la vida útil de los mismos.
De esta forma, señala que no se detallaron adecuadamente las obras a realizar ni se realizaron los estudios necesarios para el diagnóstico, requerimientos y viabilidad de las inversiones en el área rural, lo que dejó excluida la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en esa zona.
En el caso de los miembros del comité evaluador, se alega que permitieron que el oferente subsanara un requisito de rentabilidad del activo que no estaba contemplado en el pliego de condiciones definitivo, lo que constituye una presunta irregularidad.
La Procuraduría calificó la presunta falta del alcalde Bermúdez Cotes como gravísima cometida con dolo, mientras que los demás funcionarios son investigados por una presunta falta gravísima a título de culpa gravísima.
El secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Keyder Freyle Sarmiento, enfrenta dos cargos disciplinarios en relación con estos hechos. Por su parte, el director de Servicios Públicos y Unidades Especiales de Riohacha, Oscar Junco Rodríguez, no fue encontrado culpable y la investigación en su contra fue archivada debido a la falta de evidencia que lo implicara.
