La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Riohacha información acerca de las medidas tomadas para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado que han llegado a la ciudad desde el 28 de agosto, procedentes de los corregimientos de Matitas y Tigreras.
Como parte de una acción preventiva, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira también requirió detalles sobre las acciones realizadas para proporcionarles alojamiento temporal, alimentación, acceso a servicios médicos, vestuario y transporte de emergencia. Estas medidas se consideran esenciales para la atención inmediata de esta población, y se espera que las administraciones municipales estén a cargo de estas responsabilidades.
Además, pidió información sobre la estructuración del plan de contingencia correspondiente y la asignación presupuestaria destinada a la atención de estas víctimas. En este sentido la Procuraduría enfatiza que las entidades territoriales tienen la obligación de priorizar el uso del presupuesto en la atención de la población desplazada por la violencia, así como en responder de manera prioritaria a todas las solicitudes de atención humanitaria, considerándola como un gasto de mayor importancia sobre otras obligaciones.
