En un nuevo desarrollo sobre el controvertido proyecto de decreto destinado a regular el uso, manejo, protección y conservación del agua en el departamento de La Guajira, la Procuraduría General de la Nación envió sus observaciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A través de su Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, el ente de control expresó los reparos que podrían tener un impacto significativo en la implementación del decreto propuesto.
Las principales preocupaciones giran en torno a las bases en las que se fundamenta el proyecto. La Procuraduría destaca que el mismo se apoya en un Decreto, el No. 1085 de 2023 del Gobierno Nacional, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. La preocupación central es que no se ha demostrado adecuadamente por qué los mecanismos ordinarios no son suficientes para abordar la crisis humanitaria en La Guajira.
Adicionalmente, el proyecto busca reglamentar el Decreto Legislativo No. 1277, que fue parte de las medidas de emergencia declaradas inconstitucionales por la Corte. La Procuraduría considera que reglamentar este decreto antes de que la Corte Constitucional tome una decisión sobre su exequibilidad sería prematuro e impertinente, dado el actual estado de incertidumbre jurídica.
El Ministerio Público también subrayó la importancia de esperar la decisión de la Corte antes de implementar estrategias propuestas en el proyecto, que incluyen planes de acción, medidas de manejo, análisis situacional y evaluación ambiental del departamento.
Otra crítica destacada es la falta de coordinación con Corpoguajira, la entidad encargada de administrar los recursos hídricos en la jurisdicción. La Procuraduría resalta la necesidad de garantizar una adecuada articulación y coordinación entre las autoridades que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Finalmente, el Ministerio Público enfatiza la importancia de garantizar un verdadero derecho de participación y coordinación entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Consideran que este principio democrático no se satisface únicamente con la consulta pública, sino con escenarios de discusión y participación asertiva desde las etapas tempranas del proceso.
Este nuevo episodio agrega un capítulo a la creciente polémica en torno al manejo del agua en La Guajira, destacando la necesidad de una revisión exhaustiva y cuidadosa de las decisiones normativas en el contexto de la crisis actual.
