Al bunker de la Fiscalía en la ciudad de Bogotá, fue trasladada la ex gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, luego de entregarse en el comando de Policía en Riohacha, acompañada por la Defensora del Pueblo, Soraya Escobar.
A Pinto Pérez, el Juzgado quinto penal municipal con función de control de garantías de Riohacha le prorrogó la orden de captura en su contra el pasado 1 de julio de 2020 por el termino de un año, para que cumpla la medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta el 5 de julio de 2019.
La delegada contra la criminalidad organizada, Paola Andrea Meneses, afirmó que Pinto Pérez es acusada de varios delitos por irregularidades en un contrato de adoquines cuando fue alcaldesa del municipio de Albania.
De acuerdo a la Fiscalía, Pinto Pérez, habría creado la fundación Princesa Guajira, para que se encargara de realizar la auditoría al contrato de adoquinamiento de vías en el municipio de Albania, por valores que ascienden a más de 12 mil millones de pesos. Según los investigadores se estableció que existió un posible detrimento al municipio por valor de $ 5.918.965.192.
El ente fiscalizador , informó que a través de las indagaciones se evidenció que la selección del contratista era amañada y tenía como objetivo apalancar la campaña electoral a la alcaldía de Albania, mediante la supuesta contratación de cerca de 2.000 personas que se encargarían de las obras y quienes habrían recibidos pagos sin haber laborado.
Otro caso
Oneida Pinto también se encuentra vinculada al caso conocido como mortalidad infantil, que se encuentra en etapa preparatoria ante el Juzgado 25 de Conocimiento de Bogotá.
La Fiscalía, informó que los hechos tienen relación con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas.
El valor del convenio ascendió a más de $ 18.900’000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una pérdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000.
Las anomalías radican en el supuesto manejo irregular de la ejecución contractual, el falseo de todos los documentos contractuales y el trasfondo político dado que solo trabajaban en el mismo quienes manifestaran su apoyo político a Oneida Pinto.
