Para garantizar la operación del programa de alimentación escolar para esta vigencia del 2023, la Procuraduría General de la Nación requirió información a las autoridades territoriales y a la gobernación de La Guajira, sobre las acciones realizadas para cumplir con la contratación.
El requerimiento fue realizado por la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira a la Gobernación del departamento, así como a las alcaldías de Riohacha, Uribia y Maicao, con el propósito de verificar el estado del proceso de contratación y conocer los operadores que prestarán el servicio en sus respectivas jurisdicciones.
El Ministerio Público también solicitó informar si las gestiones adelantadas garantizan el suministro de las raciones desde el primer día de clases y durante todo el calendario escolar, como lo ordenan las normas que regulan el PAE.
En el caso de la gobernación de La Guajira la información requerida se refiere a los municipios no certificados, cuya contratación depende directamente de esa entidad territorial, que son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure.
