Un reciente informe de la Contraloría General de la Nación expone fallas en la política pública de vivienda destinada a la población indígena de Colombia.
La población indígena, que representa el 4.4% del país, solo recibió el 2.25% de los recursos para subsidios de vivienda entre 2014 y 2022. Este porcentaje es significativamente menor al esperado, considerando la proporción poblacional de los indígenas y sus condiciones de vulnerabilidad.
El estudio resalta que Colombia carece de un cálculo específico del déficit habitacional para la población indígena, lo que impide evaluar la eficacia de la política pública. El 92% de los indígenas se encuentra en condición de pobreza, lo que dificulta el acceso a créditos para vivienda y el cierre financiero.
La Contraloría visitó 429 viviendas otorgadas por el Gobierno a comunidades indígenas, como los Pastos, Wayúu, Kamentsa, Nasa, Tikuna y Zenú. Las visitas revelaron debilidades en la política pública, especialmente en la metodología para calcular el déficit habitacional en comunidades indígenas.
Actualmente, el cálculo del déficit habitacional en Colombia excluye a los hogares que habitan en viviendas étnicas o indígenas, una metodología aún no aplicada. Esto genera dificultades para cuantificar el problema y elaborar políticas adecuadas para atender las necesidades habitacionales de las comunidades indígenas.
Además, la política de vivienda no aborda las necesidades culturales y económicas específicas de los pueblos indígenas.
Los Planes Nacionales de Desarrollo de los periodos 2014-2018 y 2018-2022 tampoco incluyeron un enfoque diferencial que facilite el acceso a vivienda adecuada. El estudio también reveló que solo el 62% de las viviendas visitadas están completamente terminadas, mientras que el 24% ni siquiera han sido construidas.
Además, el 80% de los beneficiarios consideró que las viviendas no respetaron su cultura y costumbres, lo que impacta negativamente su calidad de vida. De las 429 viviendas visitadas, apenas 150 contaban con acceso a acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, afectando gravemente las condiciones de vida.
El informe indica que la insuficiente asignación de recursos no protege los derechos fundamentales de las comunidades indígenas en materia de vivienda. La Contraloría recomienda al Gobierno Nacional implementar de inmediato la metodología adecuada para calcular el déficit habitacional indígena.
También sugiere una asignación más equitativa de los recursos, proporcional a la población indígena y sus necesidades específicas. Finalmente, se hace un llamado para que las viviendas respeten las costumbres indígenas, preservando su cultura y garantizando su permanencia en el territorio.
