El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se encuentra en proceso de reforma tras la revelación de presuntos actos de corrupción detectados durante gobiernos anteriores, según informó recientemente su directora, Astrid Cáceres.
Estos hallazgos surgieron a raíz de dos auditorías que pusieron al descubierto prácticas contractuales irregulares que beneficiaban a grupos y conglomerados, incluso a expensas de la atención a la primera infancia y población vulnerable.
Durante el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, el presidente, Gustavo Petro, instó al ICBF a erradicar la corrupción en la atención a los niños, solicitando que se comience a ofrecer atención integral directa a la primera infancia. En respuesta, el ICBF ha iniciado un proceso de contratación de madres comunitarias y otros operadores locales para atender a 1.675.000 niños y niñas en el país durante este año.
Hasta la fecha, 786 organizaciones comunitarias han sido seleccionadas para proporcionar atención a los niños en Colombia, 67 de las cuales representan a grupos étnicos como Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas y poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Este enfoque busca minimizar la tercerización en la contratación estatal y fortalecer el sector público.
El ICBF está adoptando un nuevo modelo de contratación que prioriza la calidad, oportunidad y pertinencia de la atención integral a la primera infancia, bajo un enfoque territorial e intercultural. La directora Cáceres destacó que se recibieron más de 2.800 observaciones del público durante el proceso de cambio, algunas de las cuales revelaron irregularidades que condujeron a denuncias ante la Fiscalía por documentación falsa y experiencias inexistentes.
Con estos cambios, el ICBF busca asegurar que los recursos destinados a la atención de la primera infancia lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan, poniendo fin a un modelo de negocio que lucraba a expensas de los niños y niñas del país.
