La Administració departamental de La Guajira, pasó su primera prueba de los entes de control, sobre las investigaciones de la contratación para la entrega de ayudas humanitarias por el Covid-19.
En rueda de prensa virtual, el Contralor General de la Nación, Felipe Córdoba, expresó que la gobernación de La Guajira, se encuentra entre las seis entidades sin sobrecostos en contrataciones por Covid-19.
“Podemos decir que en seis gobernaciones de las treita revisadas, no hemos evidenciado sobrecostos, entre ellas están Bolívar, Cauca, Risaralda, La Guajira, Quindío y Caldas”, precisó el Contralor.
Por su parte, el Procurador Francisco Barbosa, argumentó que “estamos en una cruzada de defensa de los recursos públicos que como todos sabemos son sagrados y cada día más escasos. Por esta razón buscamos proteger los derechos de los colombianos en medio de esta crisis. Con este ejercicio fortalecemos los controles territoriales y para ello invitamos a la comunidad a que denuncie las irregularidades que evidencie en sus departamentos”.
Durante la rueda de prensa los representantes de los entes de control indicaron que abrieron procesos de responsabilidad fiscal contra 6 mandatarios territoriales: por casi $312 millones contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González; por más de $942 millones contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; por $1.051 millones contra el Alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez; por $1.107 millones contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; y otro por más de $229 millones contra el Alcalde del Municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.
“La gente tiene que entender que ser funcionario público implica cumplir con el deber de honrrar a la ciudadanía, por lo cual no vamos a permitir atropellos, ni desfalcos, mucho menos en esta situación que vivimos”, precisó el Fiscal Francisco Barbosa.
Por su parte el gobernador Nemesio Roys Garzón, dijo que los procesos que se han venido celebrando en medio de la emergencia manifiesta los han realizado siguiendo las directrices de los entes de control, haciendo de manera detallada los respectivos estudios de precios en el mercado y cumpliendo con las publicaciones que requieren dichas contrataciones en aras de velar por su transparencia.
