El exsecretario de Desarrollo Económico de La Guajira, Alberto Carlos Ariza Cujia, enfrenta cargos formulados por la Procuraduría General de la Nación debido a presuntas irregularidades en la supervisión de un convenio de asistencia técnica y desarrollo social valorado en más de $6.300 millones.
El convenio, establecido con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, tenía como objetivo beneficiar a 450 familias caficultoras en la frontera colombo-venezolana, garantizando el retorno de los campesinos a sus tierras, entre otros aspectos.
Según el ente disciplinario, Ariza Cujia habría fallado en su deber de supervisar adecuadamente el cumplimiento del contrato, permitiendo su ejecución a pesar de los retrasos y un bajo nivel de cumplimiento de las metas propuestas. A pesar de los llamados de atención de la interventoría, el exsecretario no habría tomado medidas para corregir las debilidades encontradas en la ejecución del convenio.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación estatal calificó provisionalmente la conducta de Ariza Cujia como falta gravísima a título de culpa gravísima, debido a la desatención elemental de sus deberes como supervisor del convenio.
