Tras el desplazamiento forzado de 80 familias de las veredas El Limón, Carrizal, Potrerito, La Laguna y Las Casitas, situadas en la vereda Las Palmas del territorio wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, emitió un llamado a la acción solicitando la presencia del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición Ampliado en Riohacha, San Juan del Cesar y Dibulla.
«La agudización del conflicto armado en distintas zonas de La Guajira ha generado zozobra entre las comunidades étnicas y campesinas. Es imperativo convocar el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición Ampliado no solamente para Riohacha, también para San Juan del Cesar y Dibulla», expresó Camargo Assis.
El objetivo de esta convocatoria es analizar la situación y tomar medidas rápidas y efectivas para prevenir, proteger y atender a los pobladores afectados. Se destacó la necesidad de brindar seguridad a las comunidades de diversas veredas, incluyendo Barcino, Ulago, Sabanangrande, El Machín, La Peña de Los Indios, Achintukua, La Loma del Potrero, Sabana Joaquina, Siminke, El Caney, La Cueva, Guamaca y La Laguna.
El Defensor del Pueblo alertó sobre el riesgo que enfrentan los residentes de las veredas Potrerito (municipio de Fonseca) y Limoncito (municipio de Maicao) debido a los combates en la zona. Además, recordó que la institución nacional de derechos humanos emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 025 del 2023, informando sobre las disputas territoriales que ponen en peligro a la comunidad.
«Es crucial minimizar los riesgos para salvaguardar la vida de las poblaciones afectadas por el conflicto. A través de la Alerta Temprana, hemos formulado recomendaciones para contener los homicidios selectivos y colectivos, así como las amenazas y extorsiones que aún enfrentan las comunidades y los comerciantes», enfatizó Carlos Camargo Assis.
