El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que el Gobierno Nacional debe tomar medidas integrales y rápidas ante la grave crisis de inseguridad alimentaria en La Guajira, que continúa cobrando vidas infantiles. El último caso, registrado en Riohacha, resultó en la muerte de un bebé de dos meses debido a desnutrición severa, agravado por la falta de cobertura de los programas para la primera infancia.
Ante esto el defensor instó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a proporcionar información detallada sobre la situación actual de los servicios para la primera infancia en La Guajira, incluyendo el número de niños atendidos y bajo qué modalidades.
Según el Instituto Nacional de Salud, entre enero y marzo de 2024 se notificaron 649 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niños menores de cinco años en La Guajira, con un alto porcentaje en población indígena. Además, se reportaron diez muertes relacionadas con la desnutrición.
“La vida, salud y seguridad alimentaria son derechos no susceptibles de espera o demora por cuestiones administrativas. Por ello insto a los órganos de control a identificar, investigar e implementar las acciones necesarias para que las entidades con responsabilidades en la actual situación actúen conforme a sus obligaciones”, expresa el Defensor del Pueblo.
Asimismos, destacó la necesidad de acciones concretas y coordinadas por parte de las entidades responsables para abordar esta crisis, y llamó a los órganos de control a intervenir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.
En este sentido indicó que aunque el ICBF está explorando nuevas modalidades de atención con un enfoque étnico diferencial, esto no debe descuidar la urgencia de la situación actual. Se requieren acciones inmediatas para garantizar el derecho a la alimentación de los niños guajiros.
“Además de los estudios y pilotajes que se realizan en La Guajira, se debe dar respuesta a las problemáticas estructurales y no afectar la continuidad de las modalidades para la primera infancia, se deben lograr acciones que permitan garantizar el derecho a la alimentación de la niñez”, afirma Carlos Camargo Assis.
Enfatizó que es esencial implementar programas que consideren el contexto étnico y territorial de las comunidades, pero mientras tanto, los niños de La Guajira deben tener acceso a los servicios de atención existentes.
Además, manifestó que los programas dirigidos a la primera infancia, como los proporcionados por el ICBF, son fundamentales para brindar una atención integral que incluye alimentación adecuada. Sin embargo, se necesita abordar las causas estructurales de la crisis, como el acceso al agua y la calidad de los alimentos.
El Defensor del Pueblo concluyó instando a que lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el derecho a la alimentación se convierta en acciones concretas para abordar la desnutrición infantil en La Guajira.
