La Corte Suprema de Justicia ratificó la acusación contra la exrepresentante a la Cámara por la Guajira, María Cristina Soto de Gómez, del Partido Conservador. Los cargos incluyen corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal.
Este caso adquiere mayor relevancia al ser la madre del actual representante a la Cámara, Juan Loreto Gómez, envuelto en múltiples escándalos durante su gestión.
La Sala de Instrucción tomó la decisión de señalar a Soto de Gómez por coautoría en los delitos mencionados, en concurrencia con la causal de mayor punibilidad prevista en la ley. El proceso se originó en la Fiscalía Tercera Seccional de Patrimonio Económico de Riohacha, tras alertas sobre irregularidades en su campaña para la Cámara de Representantes 2018-2022.
El proceso, dirigido por el magistrado César Augusto Reyes, está relacionado con presuntas irregularidades electorales y la creación de una red de compra de votos. La Corte investiga también la entrega de información falsa a las autoridades electorales sobre los ingresos y gastos de su campaña.
Durante la investigación la Corte decidió precluir los delitos de concierto para delinquir, al haber mantenido conversaciones con líderes sociales y políticos para alterar los mecanismos de participación democrática.
La acusación por falsedad en documento privado se basa en información presentada al Fondo de Financiación Política del CNE, la cual, según la Corte Suprema, podría no reflejar la realidad, involucrando contribuciones y donaciones dudosas.
