El presidente de la Corte, José Fernando Reyes Cuartas, junto a representantes de diversas instituciones y líderes locales, instalaron una sesión técnica para discutir la imparcialidad y transparencia en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
El magistrado hizo hincapié en la importancia de proteger los recursos públicos en La Guajira, mientras que la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortíz, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional para superar el estado de cosas inconstitucional (ECI).
Durante la sesión, autoridades locales expresaron preocupaciones sobre la falta de inventario de infraestructura y la falta de políticas públicas claras para abordar el ECI. Además, se destacó la necesidad de una mejor coordinación entre las entidades y una mayor transparencia en los procesos de contratación.
“Desde 2017, mediante documentos Conpes, se adoptó la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, agua potable y saneamiento básico en el departamento, con el objetivo de asegurar la continuidad, cobertura y calidad de estos servicios, financiados con los recursos del Sistema de Participación Ciudadana”, expresó el gobernador Jairo Aguilar.
Por su parte el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, precisó que: “La falta de inventario de infraestructura en agua, educación, atención a la niñez, hacía difícil evitar que una inversión no se repitiera. Es importante tener el censo para evitar que una comunidad sea varias veces intervenida, mientras en otra no haya ninguna intervención”.
El viceministro del ministerio de hacienda, Diego Guevara, detalló los fondos asignados para actividades específicas en el marco de los derechos evaluados por la Corte.
La veedora ciudadana Ruth Chaparro señaló la necesidad de un enfoque más proactivo por parte de las instituciones y una mejor planificación y difusión de la información.
El magistrado Reyes Cuartas concluyó la sesión destacando la gravedad de cada muerte de un niño en La Guajira y la necesidad de responsabilidad y justicia en estos casos.
«Cada muerte de un niño o de una niña de La Guajira es un homicidio por omisión. Alguien tiene que ver con esa muerte. Alguien tendría que responder. Tendría que haber una investigación penal por cada niño / niña muerto. Eso es muy grave. Cada muerte de un niño que no se puede valer por sí mismo para el derecho penal tiene un significado en esos términos», señaló el magistrado.
