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Corte inicia incidente de desacato autoridades nacionales y regionales de La  Guajira por persistente vulneración de derechos de la niñez wayuu

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el Estado de Cosas Institucional por la vulneración generalizada de derechos de la niñez Wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia,  emitió el Auto 2764 de 2023, exigiendo respuestas de diversas autoridades nacionales y regionales.

El desacato se dirige a la Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz Nova; los ministros de Salud, Vivienda, Ambiente y Agricultura; la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; la directora del ICBF; el superintendente nacional de Salud; el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; la gobernadora de La Guajira, Diala Wilches; y los alcaldes de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.

La Sala evaluó el cumplimiento de la orden tercera de la sentencia, que establece la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP) para superar el estado de cosas inconstitucional. Aunque se informó la creación de la Comisión Intersectorial para La Guajira, la Sala consideró que no cumple con los requisitos del mandato al no incluir a todas las entidades relevantes.

La Corte dispuso que las autoridades tienen 48 horas para remitir un informe que acredite el cumplimiento respecto a la conformación del MESEPP. Además, la Sala advierte que se deben presentar pruebas en tres días y, en caso de nuevas acciones, deben basarse en indicadores de goce efectivo de derechos.

El magistrado José Fernando Reyes Cuartas, por su parte, aclaró el voto en el sentido de que “era necesario adoptar otro tipo de medidas, ante los graves antecedentes que se resaltaron en la providencia, especialmente el paso de más de cinco años sin que las entidades obligadas al cumplimiento hubieran conformado el Mecanismo encargado de ejecutar las órdenes estructurales de sentencia”.

El magistrado adujo que, los antecedentes en tasas de mortalidad y la inexistencia de las condiciones mínimas para garantizar los derechos fundamentales de los niños, da cuenta de que quienes presidieron las entidades accionadas “permanecieron impasibles ante la vulneración”.

“Durante sus mandatos las muertes de menores Wayuu se registraron sin motivar acciones efectivas”. En ese orden, era imperativo actuar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, que regula el deber de denunciar que tiene toda persona y, especialmente quienes ejercen el servicio público cuando tengan conocimiento de la comisión de un delito investigable de oficio. 

Por lo tanto, consideró el magistrado, se debió compulsar copias ante los órganos de control y la Fiscalía General de la Nación, para que, en el ámbito de sus competencias, iniciaran la investigación de las omisiones detectadas en contra de quienes precedieron, desde el año 2018, a las y los actuales rectores de las entidades mencionadas.

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