La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional declaró un cumplimiento bajo de la orden destinada a superar el estado de cosas inconstitucional en la población infantil wayuu en el departamento de La Guajira.
Esta orden implica garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas para la ejecución de diversas intervenciones estatales.
Tras un exhaustivo análisis, la Corte encontró deficiencias significativas en el cumplimiento de esta orden. No existe una ruta eficaz para el reporte oportuno y adecuado de información financiera, ni un sistema de información útil para verificar la rectitud de las prácticas de las autoridades ni para que los órganos de vigilancia, control e investigación detecten fácilmente prácticas ilegales.
Además, señala que no se evidencian estrategias para abordar el incumplimiento y la falta de consciencia de las entidades respecto al deber de reportar información, ni soluciones claras para los obstáculos que enfrentan los órganos de control e investigación para abarcar el territorio y rastrear información de interés.
Ante esta situación, la Corte ordenó a varias entidades, incluyendo la Presidencia de la República y los ministerios pertinentes, presentar un protocolo que asegure la aplicación de buenas prácticas administrativas en procesos contractuales y financieros.
Además, convocó a una sesión técnica el próximo 15 de abril para discutir estrategias de corrección, mejoras en la información sobre distribución de recursos, medidas para control y vigilancia efectiva, y soluciones para asegurar el control e investigación en el territorio.
