
Este viernes 6 de octubre se dio a conocer que el Consejo de Estado emitió una sanción contra la Gobernadora encargada de La Guajira, Diala Patricia Wilches Cortina. La sanción se basa en la falta de garantías de agua potable y el incumplimiento de fallos destinados a proteger a la comunidad Wayúu, además también sancionó a Ediñho De Jesús Vides Guerra, en calidad de gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia SAS ESP, según fuentes consultadas por la W Radio.
Esta decisión del alto tribunal se produjo como resultado de una tutela presentada alegando el desacato de la sentencia T-415 del 10 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, que exige la provisión de agua potable para la comunidad Wayúu.
Las comunidades indígenas de Warrutou, Warraliet, Juisharou, Topia y Tres Bocas, ubicadas en el municipio de Uribia, han expresado que están atravesando una crisis humanitaria debido a la escasez de recursos básicos, especialmente en lo que respecta al agua potable. A pesar de las medidas cautelares decretadas por la CIDH, la problemática no se ha reducido, lo que llevó a presentar una acción de tutela contra diversas entidades, incluyendo al MinVivienda, el viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Uribia SAS ESP. Argumentan la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la salud, el acceso al agua potable, la igualdad y la diversidad étnica y cultural.
Inicialmente, el Tribunal Administrativo de La Guajira estudió y emitió un incidente de desacato, señalando que la responsabilidad en el desacato era de carácter personal y no institucional. Varias entidades proporcionaron información en respuesta a esto, y el municipio de Uribia afirmó que había trabajado para garantizar el acceso al agua en las comunidades afectadas gracias a convenios interadministrativos con la empresa de acueducto local.
La Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para las Regiones, indicó que se han llevado a cabo actividades de diálogo con miembros del pueblo indígena Wayúu durante el año 2023.
Sin embargo, el Consejo de Estado estudió el desacato y confirmó la sanción contra la gobernadora Wilches, imponiendo una multa de 1 SMLV. Además, sancionó a Ediñho De Jesús Vides Guerra en su calidad de gerente de la empresa de acueducto. No obstante, revocó la sanción impuesta a varios funcionarios, incluyendo al alcalde del municipio de Uribia y a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
El Consejo de Estado emitió una orden llamando a los líderes de la comunidad Wayúu a colaborar con las entidades nacionales y territoriales, facilitando un diálogo genuino para avanzar en soluciones reales a los desafíos que enfrenta la población, especialmente los niños y niñas.

