Barcelona ha declarado la emergencia climática acompañada de un plan de medidas concretas que busca reducir la contaminación y las emisiones de efecto invernadero que se ha trabajado junto a 200 entidades cívicas y ecologistas durante los últimos seis meses.
El ayuntamiento planea por medio de una inversión de 563,3 millones de euros reducir en dos millones de toneladas las emisiones de CO2 en el año 2030, alcanzando un decrecimiento del 50% respecto a las que se emitían en el año 1992.
El plan del ejecutivo socio común encabezado por la alcaldesa Ada Colau se divide en diferentes vertientes: movilidad e infraestructuras, modelo urbano, energía, modelo económico, consumo y residuos, modelo cultural y educativo, alimentación, agua y salud y bienestar. Cada una de estas ramas cuenta con diferentes apuestas, algunas de nuevo cuño y otras que ya se venían llevando a cabo incluso durante el anterior mandato y en las que se quiere profundizar.
En temas de movilidad, uno de los más importantes, se busca implementar zonas de bajas emisiones limitando el tráfico de vehículos más contaminantes para evitar 550.000 toneladas de CO2. También se encuentra en estudio la implantación del peaje de toxicidad y de incluso zonas de superbajas emisiones.
Así mismo Colau ha manifestado que “Las ciudades somos los principales generadores de emisiones. Debemos actuar y asumir nuestras responsabilidades, las administraciones públicas no nos debemos pelear, sino que debemos cooperar y actuar de forma decidida”.
