La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Inclusión Social, reveló serias irregularidades en la administración de recursos del SENA, particularmente en el Fondo Emprender y en la contratación vinculada a la ampliación de la urgencia manifiesta para la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Estas anomalías representan un detrimento patrimonial de $47.261 millones.
Uno de los hallazgos más relevantes está relacionado con la revocatoria de un proceso de licitación para los servicios TIC del SENA, que ya contaba con una oferta habilitada. En su lugar, se suscribió un contrato interadministrativo bajo urgencia manifiesta con Colombia Telecomunicaciones, por un valor de $210.228 millones y una duración de cinco meses, desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2023. Según la Contraloría, esta decisión generó un detrimento patrimonial de $43.660 millones, debido a costos superiores a los previstos en la licitación inicial.
En cuanto al Fondo Emprender, la auditoría identificó pérdidas por $3.601 millones relacionadas con deficiencias en la recuperación de recursos reembolsables por parte de emprendedores beneficiarios. Estas fallas incluyen la falta de diligencia en la gestión de cartera, demoras en la ejecución de pagarés y prescripción de obligaciones, lo que evidencia una gestión ineficiente en la administración de estos recursos públicos.
Adicionalmente, se identificaron debilidades significativas en la operación del Fondo Emprender, como el incumplimiento de requisitos técnicos y jurídicos en la formulación de proyectos, demoras en la administración fiduciaria de los recursos de capital semilla y en la expedición de resoluciones para planes condonados. Estas irregularidades no solo afectan la continuidad del fondo, sino que también ponen en riesgo la inversión pública destinada a promover la creación de empresas y la generación de empleo en el país.
La Contraloría estableció 16 hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria, y dos de ellos con repercusiones fiscales por $47.261 millones. Estos resultados resaltan la urgencia de fortalecer la gestión y transparencia en el uso de los recursos del SENA para asegurar su efectividad en el impulso del emprendimiento y el desarrollo económico de Colombia. Las investigaciones continuarán para establecer responsabilidades y sancionar a los responsables.
