La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en primera instancia contra el exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, y tres exfuncionarios de su administración.
El fallo se refiere a irregularidades en la licitación pública No. LP-008-2022, que buscaba «contratar el operador para la gestión, financiación, operación, rehabilitación, construcción, diseño, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario en el distrito de Riohacha”.
Los funcionarios fueron investigados por omitir detalles críticos en la infraestructura y bienes de la anterior concesión, así como en la planificación y análisis de los servicios.
“En el contrato de operación No. 268-1 de 2023 celebrado con AQUALIA S.A.S E.S.P., el Distrito no estableció de manera certera y detallada la infraestructura y bienes a revertir de la anterior concesión con sus especificaciones, no detalló debidamente el plan de obras de inversiones a realizar ni su programación, y tampoco realizó un análisis sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área rural, de manera que quedara incluida la obligación de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en dicha zona”, explica el ministerio público.
La Procuraduría también investigó la falta de inclusión de la zona rural en el plan de servicios públicos, incumpliendo con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en esas áreas.
En su fallo, la Procuraduría declaró responsables disciplinariamente a Keider Agustín Freyle Sarmiento, Ronald Neil Pérez Ojeda y Eden Elí Moscote Roys, quienes participaron en la evaluación de la licitación.
Los exfuncionarios permitieron que el oferente Promesa de Sociedad Futura Aqualia Riohacha subsanara un requisito de capacidad organizacional, violando el principio de transparencia en la contratación estatal.
Por estos hechos, el exalcalde José Ramiro Bermúdez Cotes fue sancionado con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 12 años.
A su vez, el exsecretario de Infraestructura, Keider Agustín Freyle Sarmiento, fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer funciones públicas.
El exdirector de Contratación, Ronald Neil Pérez Ojeda, y el extesorero general, Eden Elí Moscote Royz, recibieron sanciones de destitución e inhabilidad por 10 y 9 años, respectivamente.
