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Presentan demanda de nulidad electoral contra el gobernador de La Guajira por presunta inhabilidad

En una acción legal que busca cuestionar la legitimidad de la elección de Jairo Aguilar como Gobernador del Departamento de La Guajira, la señora Delida Del Carmen Oñate Padilla presentó una demanda de nulidad electoral con suspensión provisional. Según la demandante, Aguilar Deluque estaría inhabilitado para ejercer el cargo debido a su participación en actividades políticas durante el periodo de incompatibilidad legal.

La demanda, basada en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, alega que Aguilar Deluque asumió las funciones del despacho del gobernador entre el 22 y el 25 de julio de 2022, actuando como gobernador encargado de La Guajira. Según una certificación del 30 de mayo de 2023 suscrita por el director Administrativo de Talento Humano del Departamento de La Guajira, Aguilar Deluque ejerció las funciones de Gobernador hasta el 25 de julio de 2022.

La demandante sostiene que el gobernador, al celebrar un Acuerdo de Coalición el 24 de julio de 2023, incurrió en incompatibilidad, contraviniendo los artículos 31 numeral 2 de la Ley 617 de 2000, así como los artículos 112 numeral 2 y 114 de la Ley 2200 de 2022. Estos artículos prohíben a los gobernadores participar en actividades de partidos o movimientos políticos.

A pesar de que la demanda no cuenta con el soporte documental de la solicitud de Aval ni de su otorgamiento, la demandante solicita a la Honorable Corporación que requiera a Jairo Alfonso Aguilar para que aporte dichos documentos, argumentando la carga dinámica de la prueba.

La demandante también presenta como prueba publicaciones realizadas por Aguilar Deluque en su cuenta de la red social X (antes TWITER) entre el 5 de junio y el 19 de julio de 2023, período que coincide con la presunta incompatibilidad legal.

En respuesta a la demanda, el gobernador Jairo Aguilar reiteró que su elección fue legítima y que no está inhabilitado para ejercer el cargo, como se desprende de la demanda de nulidad electoral. Hasta el momento, la demanda no ha sido aceptada.

Este caso se suma a la serie de controversias legales que han surgido en torno a procesos electorales en Colombia, destacando la importancia de la transparencia y el respeto a las normativas electorales para garantizar la legitimidad de los representantes electos. La situación será ahora analizada por la respectiva instancia judicial, que determinará la viabilidad y consecuencias de la demanda presentada.

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