En el marco del XVIII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional ‘Entre ríos y Saberes’, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, hizo un llamado a la Corte Constitucional para respaldar el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. Durante su intervención, la ministra enfatizó la necesidad de actuar de manera preventiva ante la crisis climática y destacó la importancia de contar con instrumentos de acción inmediata para salvar vidas.
«Es una emergencia inédita porque se declara antes de que ocurra el fenómeno, para prevenir y tener los instrumentos de acción inmediata en los tiempos que tenemos y no una emergencia que sea declarada cuando ya el desastre está, cuando los muertos están y cuando hay que ir a reconstruir el territorio», afirmó la ministra Muhamad.
La declaración de Estado de Emergencia en La Guajira tiene un trasfondo constitucional profundo en el contexto de la actual crisis climática. La ministra Muhamad resaltó la importancia de utilizar sistemas de tecnología y conocimiento científico para avanzar en la prevención de desastres. «Se trata de cómo, a través de ello, se generan los instrumentos al Gobierno para poder reaccionar preventivamente y salvar vidas, no al revés cuando tenemos el desastre que significa simplemente empezar a contar pérdidas y daños», aseguró.
La titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible subrayó la necesidad de obtener el respaldo de la Corte Constitucional para esta emergencia en La Guajira, considerando la evaluación rigurosa de los decretos como herramientas preventivas en el XVIII Encuentro de Jurisdicción Constitucional.
Además, la ministra Muhamad hizo un llamado a la Corte Constitucional para que apruebe y ratifique la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, un hito histórico que cumple una de las promesas del Gobierno Nacional en materia ambiental. Este acuerdo fortalece el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como la participación ciudadana en la toma de decisiones en el sector.
La ministra explicó: «El Acuerdo de Escazú se trata de la transparencia de la información ambiental que también logra que la sociedad se movilice. Mucha gente puede estar en riesgo y ni siquiera saberlo y esa información tiene que ser pública. Mucha gente puede estar teniendo consecuencias de salud por contaminación que no sabe y tiene el derecho a saberlo. Eso es el Acuerdo de Escazú, hacer transparente la información para que la sociedad pueda reaccionar ante esos riesgos».
Finalmente, la ministra destacó la necesidad de lograr la aprobación y ratificación constitucional del Acuerdo de Escazú, con el fin de proporcionar información ambiental transparente, proteger la salud pública ante la contaminación y garantizar que dicha información sea de dominio público.
