La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, compareció ante la Corte Constitucional para informar sobre los avances y acciones implementadas en cumplimiento de la Sentencia T-302 del 2017. Esta sentencia aborda el Estado de Cosas Inconstitucionales en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, en el departamento de La Guajira.
Durante su intervención, Cáceres destacó la importancia del seguimiento al auto 825-24, diseñado para verificar el cumplimiento de las acciones del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (Mesepp). Este proceso ha facilitado un enfoque articulado e interinstitucional que responde a las realidades y necesidades específicas de las comunidades afectadas.
Cáceres agregó que con el nuevo Modelo Propio de Atención Integral wayuu, están llegando a 2.900 comunidades y atendiendo a más de 198.000 niñas y niños. Duplicando así la atención y los recursos en La Guajira.
«Entender la lógica territorial de cada comunidad es clave para generar cambios positivos en los indicadores y cumplir la Sentencia T-302 de 2017; en este trabajo la Consejería para las Regiones, el Ministerio de Cultura y las demás entidades, así como la comunidad, han jugado un papel fundamental que quiero reconocer y exaltar», afirmó la directora del Icbf.
El Icbf y otras entidades gubernamentales continúan abordando los desafíos sociales y estructurales que enfrentan estas poblaciones en La Guajira, asegurando así un progreso significativo hacia la superación de las condiciones críticas identificadas en la sentencia judicial.
