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Corte Constitucional tumba dos decretos más establecidos en la emergencia social de  La Guajira

La Corte Constitucional declaró la inexequible  dos decretos relacionados con la emergencia social en La Guajira. Estos decretos, que abordaban medidas en agricultura y desarrollo rural (Decreto 1273 de 2023) y la focalización de recursos provenientes del Sistema de Regalías (Decreto 1275 de 2023), se suman a las órdenes anteriores suspendidas por el alto tribunal.

Aunque dos decretos más aún están pendientes de análisis, esta nueva resolución impacta significativamente en la gestión de la crisis en el departamento.

El primero de los decretos afectados, el 1273 de 2023, buscaba establecer medidas en materia de agricultura y desarrollo rural. Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que una de las disposiciones del artículo 6 no cumplía con el juicio de necesidad. Este artículo abordaba la formalización del uso y aprovechamiento del agua en la agricultura y acuicultura de subsistencia. La Corte destacó que la normativa no contemplaba adecuadamente el empleo del agua para dichas actividades como sujeto a licenciamiento. En este sentido, la Sala declaró la inexequibilidad con efectos retroactivos del artículo 6, al considerar que la norma podría haber agotado su objeto con antelación al control de constitucionalidad.

En relación con la focalización de recursos provenientes del Sistema de Regalías, contemplada en el Decreto 1275 de 2023, la Corte Constitucional adoptó una postura diferente. Señaló que estas medidas permiten la presentación de proyectos de inversión relacionados con agua y acueducto, contribuyendo a garantizar un mínimo de agua potable a la población vulnerable. La Corte resaltó que no se modificaron las reglas del Sistema General de Regalías y que las entidades territoriales podrán proponer y gestionar proyectos de inversión de acuerdo con las necesidades particulares de la población y el territorio.

A pesar de la declaratoria de invalidez del Decreto Legislativo 1275 de 31 de julio de 2023, la Corte Constitucional decidió concederle efectos diferidos a esta decisión por un año, contado a partir de la expedición del Decreto 1085 de 10 de junio de 2023. Esto brinda un plazo adicional para ajustar las estrategias y garantizar la continuidad de proyectos fundamentales para la región.

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