La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional, encargada de supervisar el cumplimiento de la sentencia que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira (T 302 – 2017), aprobó parcialmente el Plan de Acción Integrado y Unificado emitido por el Gobierno Nacional. Sin embargo, le otorgó un plazo de un mes para que el Gobierno presente un plan detallado para abordar la crisis relacionada con las muertes de menores de edad en el departamento.
La decisión destaca que se ha ordenado a diversas entidades, incluyendo la Presidencia de la República, Ministerios y entidades gubernamentales, ajustar el Plan de Acción Integrado y Unificado. Este plan debe garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la comunidad wayuú, incluyendo el acceso al agua, seguridad alimentaria, información y salud.
Para asegurar la aprobación de este plan, la Corte especificó que las acciones propuestas deben estar respaldadas por objetivos claros, parámetros técnicos y condiciones que garanticen un análisis detallado. Además, hizo referencia a las exigencias planteadas en autos anteriores, como el auto 696 de 2022 y el 1290 de 2023.
En el auto 696 de 2022, la Corte decretó medidas cautelares de protección y ordenó la elaboración de un Plan Provisional de Acción por parte de las entidades responsables del cumplimiento de los objetivos mínimos constitucionales establecidos en la Sentencia T-302 de 2017.
Sin embargo, en el auto 1290 de 2023, la Corte no aprobó el Plan Provisional de Acción presentado por las entidades del Gobierno Nacional, que debían garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuú en La Guajira.
