La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, emitió la decisión en el caso del exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, revocando una sentencia previa y profundizando en las competencias de la Procuraduría General de la Nación.
La decisión, emitida tras un exhaustivo análisis por parte de los magistrados Jorge Portocarrero Banguera, César Palomino Cortés y Juan Enrique Bedoya Escobar, revoca la sentencia del 10 de agosto de 2023, la cual había declarado improcedente la acción de tutela presentada por el exalcalde Bermúdez, solicitando la revocación del acto administrativo que lo suspendió del cargo por parte de la Procuraduría General de la Nación. Además, se declara la carencia actual de objeto por daño consumado en la acción de tutela interpuesta por Bermúdez contra la Procuraduría.
Uno de los puntos centrales de la decisión del Consejo de Estado es la determinación de que la suspensión provisional del señor Bermúdez del cargo de alcalde de Riohacha resultó en la restricción de sus derechos políticos, contraviniendo el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se destaca que dicha suspensión tuvo lugar desde el 26 de abril de 2023 hasta el 26 de julio del mismo año, fecha en la que se prorrogó dicha suspensión por otros tres meses.
El Consejo de Estado reconoce la competencia de la Procuraduría General de la Nación para ejercer vigilancia superior sobre la conducta oficial de los servidores de elección popular, tal como lo establece la Constitución Política. Sin embargo, enfatiza que esta competencia debe ejercerse en armonía con las normas supranacionales y el principio de separación de poderes.
En este sentido, se resalta la importancia de delimitar las potestades de investigación y sanción de la Procuraduría, reconociendo que la imposición de sanciones que afecten los derechos políticos debe ser competencia exclusiva del poder judicial, en línea con lo establecido en la jurisprudencia constitucional y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión del Consejo de Estado no solo aborda el caso específico del exalcalde Bermúdez, sino que también establece importantes precedentes en cuanto a las competencias de la Procuraduría y la protección de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos popularmente. Este fallo se convierte así en un referente para futuras decisiones en materia disciplinaria y administrativa en el país, contribuyendo a fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el respeto a los derechos fundamentales en Colombia.
