En un hito significativo para el departamento de La Guajira, los diputados aprobaron por unanimidad la Ordenanza 565, la cual establece la Transversalidad de Género como un componente esencial en la toma de decisiones y políticas públicas en la región. Esta iniciativa, liderada por la diputada Oriana Zambrano y respaldada por la gobernadora Diala Wilches, promete transformar la vida de las mujeres en la comunidad y fomentar la equidad social.
La Ordenanza 565 no solo es un avance legal, sino un compromiso sólido con el empoderamiento de las mujeres en La Guajira. Establece la obligatoriedad de la Transversalidad de Género en todos los niveles y etapas de las políticas públicas, garantizando que las voces y necesidades de las mujeres sean tenidas en cuenta en cada decisión tomada en el departamento.
Entre los puntos clave de esta ordenanza se encuentra que la Transversalidad de Género se convierte en una guía esencial para el empoderamiento de las mujeres, brindándoles oportunidades y apoyo para alcanzar sus metas personales y profesionales, esta iniciativa no solo se enfoca en el bienestar de las mujeres, sino que también busca mejorar la calidad de vida de toda la comunidad de La Guajira, reconociendo que la equidad de género es fundamental para un desarrollo sostenible.
Señalaron también que se establecerá una oficina dedicada exclusivamente a la implementación y seguimiento de la Transversalidad de Género en el departamento, garantizando que esta política se lleve a cabo de manera efectiva.
La diputada Zambrano elogió el papel de la gobernadora Diala Wilches, quien cumplió su promesa de llevar esta iniciativa adelante, demostrando su compromiso con la igualdad de género en el departamento.
Diversos diputados, como Alberto Durán, Daniel Ceballos y Luis Carlos Cárdenas, también celebraron este importante logro y reiteraron su compromiso con la equidad social y el desarrollo del Departamento.
La Transversalidad de Género es una estrategia esencial que busca reorganizar, mejorar, desarrollar y evaluar las políticas públicas de manera que se incluya una perspectiva de género en todos los niveles de toma de decisiones. Esto implica identificar y abordar las desigualdades de género y las relaciones de poder existentes para lograr una sociedad más justa y equitativa.
