En medio de la creciente controversia que rodea la declaración de emergencia económica y social en La Guajira por parte del presidente Gustavo Petro, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, respondió a los cuestionamientos realizados por la Procuraduría General a la intención del presidente de instrumentalizar la crisis en La Guajira y había instado a la Sala Plena de la Corte Constitucional a declarar la «inexequibilidad» de dicho decreto.
En su respuesta, la directora Cáceres expresó su desacuerdo con el informe de la Procuraduría y defendió la necesidad de encontrar nuevos mecanismos para abordar la crisis en La Guajira.
Además, enfatizó que la crisis en La Guajira no es un problema nuevo, pero los mecanismos de gobernanza actuales no han logrado ofrecer soluciones efectivas.
Por su parte, la Procuraduría había expresado que era «Inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta de la Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimando las medidas a su alcance dispuestas por el legislador”.
A pesar de reconocer la gravedad de la situación en el departamento, el ente de control argumentó que la atención a esta crisis debe seguir las vías normales «previstas en la Carta Política».
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