Por: José Antonio Vega.
El aumento de la generación con energías renovables en Colombia tiene un énfasis especial en el departamento de La Guajira. En La Guajira se buscan implementar 16 parques eolicos en los próximos 3 años y, sumados con iniciativas en etapas tempranas de planeación, serían cerca de 60 parques eólicos hacia 2030 representando más de 12 000 MW de capacidad instalada entre onshore y offshore, incluyendo líneas de transmisión. Esto representa cerca del 60% de la actual capacidad instalada total en Colombia. Sin embargo, la implementación de proyectos eólicos en La Guajira enfrenta barreras de aceptación social asociadas a preocupaciones de justicia y equidad alrededor de aspectos como impactos sociales y culturales, conflictos por el uso de la tierra y la legitimidad de los procesos de consulta, entre otros, que han llevado a diversos bloqueos y protestas generando retrasos en los proyectos. Eso ya ha derivado en la suspensión indefinida de proyectos, como el caso del proyecto eólico Windpeshi (205 megavatios) que lidera ENEL Green Power.
La suspensión de Windpeshi se da ante las “constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la Organización”, según el comunicado oficial de la multinacional de origen italiano. Ocurre además tan solo días después de que el Ministerio de Minas y Energía anunciara que se había llegado a acuerdos con las comunidades y que eso conduciría a la sostenibilidad del proyecto.
Es bien sabido que el potencial de energía renovable de La Guajira puede ser el motor para la transformación social, económica y ambiental del departamento. Sin embargo, no habrá transformación territorial sin gobernanza territorial y dicha gobernanza pasa por reconocer las responsabilidades y capacidades de los diferentes actores del territorio. De manera que, el fracaso de ENEL debe entenderse desde una perspectiva de responsabilidades compartidas y no una situación atribuible únicamente a la empresa o las comunidades locales y sus liderazgos.
Es preciso tomarse el tiempo de contextualizar los procesos de consulta previa. Es cuestión de entender como es un diálogo en la cultura Wayuu que permita crear espacios de confianza en consonancia con la cultural local. Se ha señalado que el reconocimiento del contexto socioeconómico, de las estructuras sociopolíticas y de control del territorio de las comunidades Wayuu por parte de las empresas es generalmente limitado ante la ausencia del sector público.
Por ejemplo, existe una dualidad de liderazgo entre la autoridad tradicional y ancestral que actualmente no se encentra adecuadamente reflejada en los procesos de consulta previa. Esto ocurre en el contexto de que el pueblo Wayuu no tiene un representante único de todo el territorio y los procesos de consulta ocurren con la autoridad o líder de cada una de las comunidades en el área de influencia de cierto proyecto. Es preciso trascender del actual sistema en donde es la autoridad tradicional certificada por el Ministerio del Interior la encargada de tramitar los procesos de consulta a uno donde la autoridad ancestral sea reconocida, respetada y escuchada por su trascendencia histórica en la definición de asuntos territoriales y familiares. Después de todo, cada comunidad tiene su propia forma de consensuar y algunas han venido constituyendo sus propios protocolos autonómicos para el desarrollo de las consultas.
Es preciso fortalecer y aplicar estos protocolos autonómicos y los planes de vida de las comunidades con las perspectivas de que ellos mismos tienen para sus territorios. También pasa por potenciar el rol articulador y mediador del sector público regional que se ha visto afectado por una su limitada capacidad y proactividad. La Corte Constitucional en 2019 ordenó al Ministerio del Interior conducir un estudio etnológico para la determinación de aspectos sociales, culturales y políticos del pueblo Wayúu cuyos avances no se evidencian.
Es imposible que una transición energética justa avance si los proyectos de energía renovable no se concretan. Ahora bien, que las energías renovables sean el motor de transformación del territorio es cuestión de construir un dialogo social vinculante, informado y organizado que sea capaz de causar el desarrollo y no buscarlo por coincidencia.
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