Por: Betty Martínez Fajardo.
El departamento de La Guajira se convirtió en uno de los sitios de llegada de ciudadanos procedentes del país de Venezuela, desde el momento en que asumió la presidencia Nicolas Maduro en el año 2013.
De acuerdo con cifras actualizadas a diciembre de este 2022, el total de pre registrados para acceder al estatuto temporal de protección fue de 146.091 ciudadanos de los cuales 78.540 son mujeres para un porcentaje de 54%; en tanto 66.258 son hombres que representan un 46 %.
De esos 146.091 ciudadanos pre registrados, 93.451 han logrado sus permisos temporales.
El municipio de Maicao acogió a 62.855 personas procedentes de Venezuela; Riohacha 40.049, Uribia 12.879, Fonseca 7.588, San Juan del Cesar 4.571, Dibulla 3.257, Barrancas 3.189, Manaure 2.759.
Por su parte en el municipio de Hatonuevo, se encuentran 2.313 personas extranjeras, Albania 2.174, Villanueva 1.998, Distracción 866, El Molino 771, Urumita 446 y La Jagua del Pilar 106.
Según el Observatorio de Migración, en el departamento de La Guajira a corte del mes de julio del 2022 se han registrado 6.862 afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud de refugiados y migrantes venezolanos con Permiso Especial de Permanencia (PEP) y 31.190 refugiados y migrantes venezolanos afiliados con Permiso de Protección Temporal (PPT), para un total de afiliaciones de 38.052.
De acuerdo a Migración Colombia, desde enero hasta el mes de julio 2022 en el departamento de La Guajira se registraron 5.131 entradas de personas refugiadas y migrantes venezolanas, siendo Maicao (3.415) y Riohacha (1.572) los municipios con mayor índice de entradas con un total de 4.987 refugiados/migrantes venezolanos.
A corte de julio de 2022, el Departamento de La Guajira es el séptimo en tener un mayor índice de refugiados y migrantes venezolanos en su territorio 135.059, esa cifra equivale a un 5.45% de la población migrante en el territorio nacional.
El Estatuto Temporal de Protección tiene como objetivo proteger a la población migrante que se encuentra actualmente en condiciones de irregularidad, teniendo en cuenta que se trata de la población más vulnerable, medida que adicionalmente desestimula la migración irregular con posterioridad a la entrada en vigor de la norma.
El Estatuto nace del compromiso que adquirió el Gobierno para definir nuevos mecanismos de flexibilización migratoria, los cuales permitan la integración de la población migrante venezolana a la vida productiva del país, a partir de su regularización. El marco regulatorio tiene como finalidad ofrecer resguardo a las personas que huyen de su país de origen por causa de la crisis.
La entrega
Para destacar que el 13 de octubre de 2021, el gobierno colombiano entregó el primer permiso por protección temporal a un ciudadano venezolano en el departamento de Cundinamarca.
En tanto el 22 de noviembre de este año, el gobierno colombiano entregó los primeros 40.000 estatutos temporales de protección a los ciudadanos que cumplieron con los requisitos exigidos entre ellos el pre-registro, documento que les permite acceder a los servicios de salud, educación y a un permiso de trabajo.
La actividad fue liderada por Migración Colombia en la ciudad de Bogotá, en alianza con la alcaldía y cooperación internacional.
En La Guajira, a la fecha se han entregado 93.451 permisos temporales.
Alto Comisionado.
Con una quinta parte de los 100 millones de personas desplazadas por la fuerza del mundo acogidas en las Américas, se necesita una acción urgente para responder y resolver su difícil situación, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, al concluir una visita de una semana a la región, donde se reunió con personas desplazadas, líderes comunitarios y autoridades nacionales y locales.
Entre el 12 y el 16 de diciembre, el Alto Comisionado Grandi vio de primera mano algunos de los esfuerzos de los Estados, la sociedad civil y otras partes interesadas para coordinar su respuesta y encontrar soluciones a los complejos movimientos de población que involucran a personas de varias nacionalidades que están en movimiento en todo el continente.
Entre los desarraigados hay millones de refugiados y migrantes de Venezuela, y otros que están desplazados dentro de Colombia y en América Central.
El aumento de la violencia en algunos países, el aumento del costo de la vida, las dificultades económicas resultantes de la pandemia de COVID-19, así como la profundización de la pobreza debido al alto desempleo y los bajos salarios han dificultado que muchas personas desplazadas por la fuerza encuentren estabilidad, obligando a muchas a emprender largos y peligrosos viajes.
En Honduras, Grandi se reunió con organizaciones de la sociedad civil que contribuyen a prevenir el desplazamiento forzado en sus comunidades, y con familias de varios países de América Latina y el Caribe que se han embarcado en viajes desesperados en busca de seguridad y protección.
En Colombia escuchó cómo, a pesar del proceso de paz, las personas siguen siendo desplazadas por la violencia y sobre la importancia de incluir las perspectivas de las comunidades afectadas en el proceso de paz.
En Ecuador, Grandi fue testigo de varias iniciativas para abordar los desafíos de la integración de miles de refugiados y migrantes, incluido un proceso de regularización para refugiados y migrantes de Venezuela, y actividades con el sector privado que benefician a refugiados de Colombia, Venezuela y de otras nacionalidades.
«Los países de América Latina y el Caribe están haciendo esfuerzos importantes para prevenir el desplazamiento y ofrecer protección y soluciones a millones de personas de diversas nacionalidades que han sido desarraigadas por conflictos, violencia y violaciones de derechos humanos. El compromiso y la generosidad extendidos son extraordinarios, pero las comunidades locales y los países anfitriones también necesitan apoyo», dijo Grandi.
«Ha llegado el momento de reproducir, ampliar y vincular todas estas acciones para tener el máximo impacto. Insto a los gobiernos donantes, agencias de desarrollo, instituciones financieras internacionales y al sector privado a invertir más en los países de origen, tránsito y destino, para apoyar las respuestas ejemplares al desplazamiento forzado que se están llevando a cabo en la región», dijo Grandi.
Expresó, que esas respuestas incluyen iniciativas de regularización, integración e inclusión social para refugiados y otras personas desplazadas.
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