Asesinato de Rafael Moreno, la punta del iceberg en la reciente violencia de Córdoba.

Siete periodistas han sido asesinados desde 1988 en este departamento, donde la corrupción, la violencia narcoparamilitar y las alianzas entre poderes legales e ilegales tienen una larga tradición. El crimen más reciente ocurrió en Montelíbano contra este reportero, el primero que muere en Colombia bajo la supuesta protección del Estado. Al menos otros tres colegas cercanos siguen amenazados.

[Al cierre de este reportaje, la Fiscalía confirmó el asesinato del periodista y líder social Wilder Alfredo Córdoba, en el municipio de La Unión, Nariño, e informó que la Unidad Especial de Investigación está trabajando en esclarecer los hechos. Era director del canal privado local Unión Tv, según información de la organización Indepaz. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) está documentando el caso.]

Por Jeanneth Valdivieso Mancero para La Liga Contra el Silencio.

Ser periodista y líder social en Colombia implica un alto riesgo. Rafael Moreno, asesinado a tiros por un sicario el 16 de octubre pasado, vivía amenazado y desempeñaba estas dos actividades en el sur de Córdoba, una tierra rica en minerales y de tierras fértiles que desde hace décadas padece la violencia, la corrupción y el silencio. Aquí todos repiten en voz baja que meterse con cierta gente y decir ciertas cosas puede pagarse con la vida. Moreno hizo veeduría y denunció irregularidades en el intento de cambiar las cosas.

El día que lo mataron, un domingo por la noche, Moreno atendía el negocio de parrilla que emprendió con un socio en Montelíbano. Un hombre con gorra irrumpió en el local, se acercó y le disparó.

“Si me matan a balazos, quiero morir con valor…”, dice un corrido que, según sus familiares y amigos, le gustaba a “Rafa” Moreno. La canción sonó en su entierro y también unos días después, cuando cumpliría 37 años, durante el homenaje que le hicieron en su pueblo, Puerto Libertador, donde vive su familia y adonde apuntaron muchas de sus denuncias.

Ahora que Rafael Moreno ya no está, el temor y las amenazas hacia los periodistas de esta región se han incrementado. Tres de ellos, colegas cercanos con quienes formó una “unidad investigativa”, siguen recibiendo amenazas que les piden callarse, irse o correr la misma suerte que su amigo. Otros menos cercanos, también entrevistados para este reportaje, también temen y llevan tiempo amenazados.

“Nadie creo que tenga –y discúlpeme la palabra– las güevas para denunciar y hacer lo que hacía él. Nosotros tres podremos hacer cosas, pero no creo que hagamos lo que él hizo porque nos da miedo, a pesar de que tenemos empuje moral para hacerlo”, dice Yamir Pico, primo de Moreno y también periodista en Puerto Libertador, municipio vecino de Montelíbano, donde mataron al reportero. Ahí se fue a vivir Moreno hace menos de seis meses; allí, con unos socios, abrió el negocio de comidas y un lavadero de carros para mejorar sus condiciones de vida, porque el periodismo no era su sustento. “Mataron a una voz que no sé si vuelva a existir”, añade Pico. 

Acto de homenaje a Rafael Moreno en Puerto Libertador, sur de Córdoba. Crédito: Archivo particular.

Rafael Moreno dirigía Voces de Córdoba, un medio digital y una fan page en Facebook creada en diciembre de 2018 y que hoy tiene 46.000 seguidores. Allí y en sus redes sociales personales denunciaba a los clanes políticos y a varios funcionarios a quienes acusaba de “ladrones”. También denunciaba ‘elefantes blancos’ y cotejaba las irregularidades de los contratos de obra pública, que mostraban una cosa en el papel y otra muy distinta en la realidad. 

Cuando Pico dice “nosotros tres”, incluye a Organis Cuadrado y Walter Álvarez, dos colegas que asistieron tras el asesinato de Moreno a un homenaje gremial en Montelíbano. Unas pancartas y la foto del periodista dominaban la pared con estos mensajes: “Que ser periodistas y denunciar no nos cueste la vida” y “No necesitamos flores, queremos garantías”.

Pico, Cuadrado y Álvarez, cada uno desde sus medios y redes sociales, se aliaban con Rafael Moreno para denunciar e investigar. Todos han recibido amenazas. Cuadrado y Pico tienen vehículos blindados, escoltas, chalecos y un botón de ayuda, de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El esquema de seguridad de Cuadrado, quien colaboraba con Moreno en Voces de Córdoba, fue asignado solo después del asesinato, como un asunto de emergencia. “Hay muchas falencias en el Estado para proteger a un periodista”, dice, y lamenta que el refuerzo de la protección que Moreno pedía nunca llegó.

Álvarez, que vive en La Apartada, otro municipio cercano, también ha recibido mensajes con amenazas. Él hizo la misma solicitud, pero aún no le han hecho el análisis de riesgo, un requisito para acceder a la protección. El último mensaje le llegó a su hija el sábado 12 de noviembre. Un desconocido en moto la interceptó en la carretera para preguntar por su padre, y le mandó un recado: que mejor saliera de la región. Si no, lo iban a “matar, picar y tirar al río”.

“Vengo amenazado hace mucho tiempo y nunca he pedido protección, pero en este momento creo que es necesario. En cuanto pueda voy a ver si me cambio de municipio”, confiesa Álvarez, que lleva más de 20 años de oficio periodístico. Unos días antes, en el homenaje a Moreno, dijo que ha pensado en retirarse del periodismo. 

Los cuatro realizaban denuncias relacionadas con la Gobernación de Córdoba y varias alcaldías, especialmente del sur del departamento. También contra contratistas y empresas que contaminan el ambiente. “Combatir la corrupción acá es peligroso. La respuesta ahí está: nuestro compañero Rafael Moreno muerto”, dice Cuadrado.

Por ahora, los tres siguen publicando noticias en sus medios (Organis Noticias, Caribe Noticias, Reportero del San Jorge y Conexión Noticias) y en sus cuentas personales, pero no han vuelto a investigar ni han regresado a la reportería de campo. Los cuatro tenían otros oficios antes de hacer periodismo, y luego su pasión los llevó a continuar. 

De izquierda a derecha, los periodistas Walter Álvarez, Yamir Pico y Organis Cuadrado. Crédito: Jeanneth Valdivieso.

Una muerte anunciada y los grises de la protección

Moreno cursaba octavo semestre de Derecho en la Corporación Universitaria Remington, pero “se le medía a todo”: trabajó en una mina de oro, raspó coca, trabajó en una bodega y fue mensajero, cuenta su esposa Kiara, una madre comunitaria de 31 años que trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuidando niños en su casa. La sala exhibe carteles y juguetes. Ella y Rafael vivieron juntos 13 años, y tuvieron dos hijos y una hija.

“Siempre me dio miedo. Yo le decía: ‘Rafa, deja eso quieto, no investigues nada. Déjalos que roben’. Él siempre me respondía: ‘No, amor. Si yo no lo hago, ¿quién lo hace?”, recuerda Kiara. Su esposo, cuenta ahora, se acostaba tarde revisando la página del Secop, el sistema de contratación pública. Ahí se zambullía por horas en busca de contratos y documentos que luego presentaba en sus denuncias, tanto en las redes sociales como ante la Fiscalía y la Procuraduría, a través del Grupo de Investigaciones y Auditores Convencionales G&AC, que creó para prestar servicios de asesoría jurídica.

Kiara recuerda la última amenaza de la que se enteró, porque intuye que Moreno no le contaba todo. En junio de este año tomó una foto de un mensaje que encontró en un compartimento de la moto junto a una bala. “Cree que es intocable, aquí ninguno lo es (…) no te vamos a perdonar lo que estás haciendo así que ya sabe parcero este resto de proveedor de esta nueve [milímetros] está listo esperando por ti [sic]”, decía la nota anónima.

El 12 de julio se realizó un Consejo de Seguridad en Montelíbano, donde Moreno contó las amenazas que había recibido. Todas las autoridades conocían su caso. Kiara cree que a raíz de esa amenaza volvió a pedir protección a la UNP. Hay registro de que el 20 de julio salió la resolución para asignarle un escolta, un chaleco y un botón, pero fue solo hasta inicios de octubre cuando familiares y amigos dicen que le llegó efectivamente esa protección. También afirman que antes de julio estuvo por varios meses desprotegido, porque le habían retirado el apoyo. La familia recuerda que le quitaron la camioneta y un escolta adicional que le asignaron porque manejó con tragos. 

Moreno llegó a sentirse en peligro y hasta optó por comprarse un arma. Cuando tenía el esquema de seguridad sin camioneta y solo con un escolta, había interpuesto varios recursos legales para que reevaluaran su riesgo y reforzaran la protección. El reportero seguía recibiendo amenazas, el contexto de violencia en el departamento persistía y tendía a exacerbarse, como lo registró la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 054 de 2019 y de inminencia 007 de 2022.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que documentó siete amenazas contra Moreno desde febrero de 2019 hasta julio de 2022, aseguró tras su asesinato que el periodista padeció por tres años las fallas de la UNP. “Enfrentó a un mecanismo de protección con problemas administrativos, que no creía en el riesgo y, por lo tanto, tomó medidas insuficientes para el peligro al que se enfrentaba”, denunció. Daniel Chaparro, asesor de la FLIP, confirma que Moreno “es el primer periodista asesinado teniendo esquema” de la UNP. Lo que se venía pidiendo era que se ajustara al riesgo que estaba identificado. “Se hicieron tutelas, se informó la situación de las amenazas y se solicitó que el esquema fuera del nivel de riesgo que tenía”, dice.

En Colombia 164 periodistas han sido asesinados y solo un caso, el de Orlando Sierra, ocurrido en febrero de 2002, se ha esclarecido. La impunidad es la regla. Según datos de la FLIP, al final de 2022, en Colombia habrán prescrito 110 homicidios de trabajadores de medios.

Tres días después del asesinato de Moreno, la UNP admitió que “en el momento del homicidio el periodista tenía esquema de protección que incluía escolta, chaleco y botón de pánico”, y que “por evidencias de riesgo el grupo de análisis estaba haciendo un nuevo estudio”. 

El  Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) es la entidad que decide el esquema que luego implementará la UNP. Según esta última entidad, el escolta asignado no estuvo en el momento del ataque porque Moreno le habría dicho el día anterior que no requería el servicio. Pero familiares y colegas dicen que no conocieron al escolta desde que había llegado a inicios de octubre, unas dos semanas antes del crimen.

Varios documentos evidencian el manejo de la seguridad de Moreno por parte de las autoridades. El CERREM señaló en un oficio, en enero de 2021, que el periodista denunció una amenaza en mayo de 2020, y que estaba siendo analizada por la Fiscalía. “No obstante, el valorado no identifica ni individualiza el actor generador de la amenaza, por lo que no es posible determinar capacidad de materialización de esta. Las demás entidades consultadas indicaron no contar con registros de amenaza en contra el evaluado”, dice el documento.

Aquí surgen dos cuestionamientos. “Las amenazas son una de las principales herramientas de violencia contra los periodistas en Colombia; suelen ser de sujetos desconocidos […] La investigación judicial sobre amenazas tiene unos niveles de impunidad del 98 %. Que se le diga al amenazado: ‘Usted no logra hacer la tarea de investigación e individualizar al perpetrador, y luego resultamos con el final de un asesinato, es lamentable”, cuestiona Chaparro, de la FLIP.

Entre las entidades consultadas para evaluar los riesgos están las secretarías de gobierno y las personerías. En el caso de Moreno, las mismas fueron blanco de sus denuncias en Puerto Libertador. En la Alcaldía de ese municipio no quisieron comentar su caso. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Medellín está a cargo de la investigación, ahora en etapa “reservada”. El caso estaba bajo su mando porque su oficina investiga asesinatos de líderes sociales y tiene jurisdicción sobre Antioquia y Córdoba, según explicó.

A la izquierda, Kiara Sánchez, esposa de Moreno. A la derecha, Eneida y Mayra, madre y hermana. Crédito: Jeanneth Valdivieso.

La última amenaza que Moreno le informó a la Fiscalía fue el 3 de octubre, solo unos días antes de su asesinato. Fue abordado por dos hombres en moto. Siempre denunciaba a la Fiscalía; otros creen que denunciar los expone más. Al menos seis periodistas entrevistados y un líder social, todos del sur de Córdoba, dijeron que dejaron de denunciar las amenazas porque desconfían de las autoridades y sus alianzas con grupos armados ilegales. “Tú pones una denuncia a las dos de la tarde y a las dos y cinco ya lo saben los que tienen que saber”, dice un periodista que no quiso ser identificado. 

“Hace tres años dejé de poner denuncias por falta de garantías, porque se perdieron las denuncias, porque no hubo ningún proceso (…). Y se vuelve un estigma para uno. Si uno va a poner una denuncia, se burlan, lo tratan de seudoperiodista, de payaso, de que uno quiere carro blindado, de que si a uno lo fueran a matar ya lo hubiesen matado”, dice Kharys Jhavlosky. Dirige junto a su esposo el portal Zoom Informativo. Ambos han recibido amenazas desde 2014, desde llamadas que les exigen eliminar contenidos hasta la visita de un hombre que fue a su casa y le mostró un revólver. 

Algunos afortunados jamás han recibido amenazas. Es el caso de otro periodista de Montelíbano, de larga trayectoria que prefirió no revelar su identidad. Reconoce que recurre a la autocensura para protegerse. “Hay que saber hasta dónde llegar, hay líneas que no se pueden cruzar, temas que no se pueden tocar”, dice. Y da ejemplos: informar detalles sobre homicidios o capturas de miembros de bandas o grupos armados. “Ahora hay temor entre los miembros del gremio. Algunas personas han frenado investigaciones periodísticas que tenían en curso, como es mi caso. Otras han contemplado retirarse del ejercicio”, dice.

“La Eternidad” y otros denuncias 

Fueron tantos los blancos en las denuncias de Moreno que ninguno de los entrevistados sabe cuál detonó la orden de asesinarlo. Varios dicen que tenía “una bomba” por revelar, pero no llegaron a saber detalles. En el último mensaje en Facebook, diez horas antes de caer acribillado, Moreno anunció que asistiría en Bogotá a un evento de una red internacional de periodistas de investigación liderada por el colectivo Forbidden Stories. Adjuntó el anuncio de una herramienta que almacena de forma segura documentación sensible de periodistas amenazados para que las investigaciones no se pierdan en caso de secuestro, desaparición o muerte. Forbidden Stories, cuyo lema es “Matar al periodista no matará la historia”, y otros medios aliados preparan un amplio trabajo periodístico que busca continuar con el legado de Moreno.

Pero las amenazas en su contra se remontan más atrás. Desde 2010 se desempeñaba como defensor de derechos humanos y en esa tarea recibió la primera amenaza de sujetos armados en 2011, cuando debió abandonar Puerto Libertador por dos años. Moreno fue presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Unión de ese municipio, hizo denuncias sobre las malas condiciones de la cárcel de Montería y fue candidato a las curules de paz del Congreso. Esa plaza la consiguió Leonor Palencia, prima del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, en medio de cuestionamientos, pues se asegura que nunca visitó las comunidades que la eligieron.

Muchos veían en Moreno una voz que podía hablar por ellos. “La gente lo llamaba. Muchos no se atrevían a hablar. Incluso de la misma administración, lo llamaban (y le decían): ‘Habla tú, que yo estoy comiendo”, cuenta Enaida Garavito, de 65 años, madre de Rafael Moreno, el único varón de sus cinco hijos, sobre personas que no podían denunciar porque su salario dependía de un cargo público. La hermana menor, Mayra, recuerda los momentos de tensión cuando empezó a tomar fuerza su voz en las redes sociales, en 2019. “Llegaban a querer agredirlo por algo que dijo […]. A él le mandaban razones: ‘Mira, fulano está dando tanto para que te pegue; para que te hagan daño’”, recuerda. También dice que llegaban a la casa a hacerle escándalos y a buscarle pelea.

“Muchos callan, ya sea por un trabajo, ya sea por interés económico o simplemente porque los compran con dinero. En esto están también fiscales, jueces, periodistas”, dice una fuente que prefirió no ser identificada.

Chaparro, de la FLIP, analiza el oficio periodístico lejos de las capitales, donde muchos periodistas son empíricos y existe un ambiente de precariedad laboral que los obliga a realizar varios trabajos. En zonas violentas y empobrecidas como el sur de Córdoba, “cuando hay una persona que destaca haciendo periodismo, como Rafael, empieza a ser reconocido como un líder social, empieza a ser una voz de la ciudadanía”, dice. También hay otros para quienes “ser periodista es ser un vendido, un extorsionador, un sapo y esto termina deshuminzándolo”.

Una de las denuncias de Moreno era la aplazada entrega del estadio de Puerto Libertador, que lleva cuatro años en construcción y no hay garantías de que lo terminen. Por esa razón, Moreno lo llamaba “La Eternidad”. Por la adecuación del terreno cobraron 610 millones de pesos y el contrato para la construcción fue de 4.800 millones; se inició en junio de 2018 y tenía un plazo de un año. El estadio está en las afueras de Puerto Libertador, junto a la carretera. Tiene montado el césped de la cancha, los graderíos y las mallas, pero alrededor hay maleza y un lodazal por la última lluvia. Luce abandonado y los habitantes no han podido usarlo.

Es uno de los ‘legados’ del exalcalde de Puerto Libertador por Cambio Radical, Espedito Duque, uno de los blancos más frecuentes de Moreno, junto a su heredero político Eder Soto. Antes de ser periodista, Moreno hizo campaña y llegó a trabajar en la administración de Duque, pero salió desencantado, según cuentan sus familiares. Contra Duque, Soto y sus administraciones, Moreno enfiló señalamientos por presunta corrupción, irregularidades, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias e intereses indebidos en la celebración de contratos, como el caso donde también denunció a un fiscal, quien fue llamado a juicio pocos días después de la muerte de Moreno, gracias a una de sus denuncias. 

Estadio de Puerto Libertador que está en construcción desde hace cuatro años. Crédito: Jeanneth Valdivieso.

En su última transmisión en vivo, el 27 de septiembre, se veía molesto y arremetió contra Duque, Soto y Miguel Rivera, un funcionario de la Alcaldía de Puerto Libertador, a quien acusó de difamarlo y de estigmatizarlo junto a su colega Organis Cuadrado. “Rafael Moreno no amenaza con paracos como está acostumbrado a hacerlo su jefe. Rafael Moreno no cita a nadie con paracos, ni arregla problemas con paracos ni con grupos al margen de la ley”, dijo.

Córdoba es considerada la cuna de un proyecto paramilitar con tentáculos en el ámbito político, económico y militar. Tras la desmovilización en los años 2000 surgieron grupos más pequeños, nutridos por quienes no se unieron al proceso o reincidieron. Por años se disputaron el control de esta región estratégica que se une al Bajo Cauca Antioqueño por el Nudo del Paramillo. Hoy la organización hegemónica en el sur de Córdoba son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. “Lo que vemos son las continuidades del fenómeno paramilitar, lo que continúa ocurriendo es que las AGC mantienen relacionamiento permanente con actores económicos, políticos, de la fuerza pública, del estamento legal”, explica Diego Balvino Chávez, investigador de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas.

Las disputas en esta región han sido y siguen siendo principalmente por la propiedad de la tierra y la explotación legal e ilegal de recursos naturales. Aquí están importantes reservas de ferroníquel y minas de cobre y oro, y generan enormes recursos por regalías. Sin embargo, al recorrer la región es evidente el mal estado de las vías y no se nota la inversión pública.

“Lo que hemos encontrado, que las organizaciones han denunciado, es que lo que ocurre allá es que nada funciona […] porque buena parte del Estado está capturado” por esos grupos ilegales, dice el experto. “En Córdoba los límites entre la legalidad y la ilegalidad no son claros, son muy difusos”, añade Chávez.

Moreno y sus colegas denunciaron asuntos relacionados con Puerto Libertador y San José de Uré. Por ejemplo, contratos millonarios para el transporte escolar por un servicio con sobrecostos y en malas condiciones, y canteras ilegales de donde sacan materiales para obras públicas en Uré. Pero no solo señalaba a políticos. “La lista de contratistas estrellas es larga, pero las voy a investigar y a exponer a todos”, dijo en el 19 de agosto, y adelantó que estaba recabando pruebas sobre obras viales.

Muchos, incluidos compañeros periodistas, “no gustaban de él por la forma de ser y por la forma en la cual él denunciaba a la corrupción en todo el departamento de Córdoba”, dice su amigo Cuadrado. Una funcionaria del sur de Córdoba cree que las agresiones a periodistas no se dan solo por lo que publican, sino también porque en pueblos tan pequeños muchos viven de las lealtades a ciertos grupos políticos. “Aquí todo se politiza tan de extremo, que tienes fans super afiebrados con una ideología política que no les importa herir ni atacar, así sea mentira”, dice.

Más allá del periodismo

El caso de Rafael Moreno ha sido quizá el de mayor repercusión a nivel nacional este año, pero la violencia en Córdoba siempre ha sido alarmante. Primero fue el paro armado decretado en mayo por el Clan del Golfo, que mostró su poder y control social: nadie podía salir a las calles y quien lo hacía se arriesgaba. De los 27 asesinatos registrados en nueve departamentos, el mayor número (8) ocurrió en Córdoba, según el balance que hizo la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Tras el asesinato de Moreno, el Clan del Golfo negó la autoría del hecho, pero muchos dicen que la versión no concuerda con la realidad porque ahí nada se mueve sin su permiso. 

Córdoba es el departamento del Caribe colombiano con más casos de homicidios de líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y exmiembros de las FARC desde la firma del Acuerdo de Paz, denuncia la organización Cordobexia, que lleva un registro de los casos. Actualmente, 150 personas de estos grupos se encuentran en situación de riesgo. La ONG también detalla que de los aproximadamente 234 líderes y defensores de DD.HH. que están bajo amenaza o han sido agredidos, el 35 % cuenta con medidas de protección de la UNP o la Policía. La zona más afectada es el sur de Córdoba.

El mismo presidente Gustavo Petro se ha mostrado preocupado. A finales de octubre viajó a Córdoba para entregar a un grupo de campesinos la hacienda Támesis, emblemática propiedad de paramilitares que pasó luego a manos del Estado. “Es una burla a la paz el que la tasa de homicidios del departamento de Córdoba se haya duplicado en un año. Están volviendo a Córdoba otra vez una carnicería”, dijo en un discurso. “Si vamos a hablar de paz hay que dejar de matar”, advirtió.

La sensación de impunidad, además, impera. Eneida, madre de Rafael Moreno, dice que aunque quisiera que la justicia actúe en el caso de su hijo no se hace ilusiones: “Le soy sincera: no creo en las leyes. Por lo que he pasado… es que coge tú y coge tú y coge tú, y todo se lo reparten y todo se va. Qué pena decirlo, pero así es. Estamos viviendo en un país donde se maneja el poder y la plata”.

Mauricio Castilla, director de El Pulso del Tiempo e hijo del reconocido periodista Clodomiro Castilla, asesinado a tiros en 2010 en la entrada de su casa en Montería, cree que en Córdoba a los periodistas nadie los protege y que la historia se repite. “Lo que hubo con mi papá eso fue show. Lo que está pasando con Rafael es show. Venir, tomarse la foto. ‘Estamos en las regiones’ Y después, ¿qué? No va a pasar nada, porque eso es lo que pasa en este país: vienen, se muestran, hacen su parafernalia, su boroló y listo, chao, y el problema sigue aquí”. 

Para Daniel Chaparro de la FLIP el llamado es a que el Estado actúe. El caso de Rafael Moreno o de Marcos Montalvo, el año pasado en Tuluá, “nos recuerdan que el asesinato de periodistas no se ha ido, sigue latente y aparece cada tanto”. Por eso urge la protección estatal.

Las disputas en esta región han sido y siguen siendo principalmente por la propiedad de la tierra y la explotación legal e ilegal de recursos naturales. Aquí están importantes reservas de ferroníquel y minas de cobre y oro, y generan enormes recursos por regalías. Sin embargo, al recorrer la región es evidente el mal estado de las vías y no se nota la inversión pública.

“Lo que hemos encontrado, que las organizaciones han denunciado, es que lo que ocurre allá es que nada funciona […] porque buena parte del Estado está capturado” por esos grupos ilegales, dice el experto. “En Córdoba los límites entre la legalidad y la ilegalidad no son claros, son muy difusos”, añade Chávez.

Moreno y sus colegas denunciaron asuntos relacionados con Puerto Libertador y San José de Uré. Por ejemplo, contratos millonarios para el transporte escolar por un servicio con sobrecostos y en malas condiciones, y canteras ilegales de donde sacan materiales para obras públicas en Uré. Pero no solo señalaba a políticos. “La lista de contratistas estrellas es larga, pero las voy a investigar y a exponer a todos”, dijo en el 19 de agosto, y adelantó que estaba recabando pruebas sobre obras viales.

Muchos, incluidos compañeros periodistas, “no gustaban de él por la forma de ser y por la forma en la cual él denunciaba a la corrupción en todo el departamento de Córdoba”, dice su amigo Cuadrado. Una funcionaria del sur de Córdoba cree que las agresiones a periodistas no se dan solo por lo que publican, sino también porque en pueblos tan pequeños muchos viven de las lealtades a ciertos grupos políticos. “Aquí todo se politiza tan de extremo, que tienes fans super afiebrados con una ideología política que no les importa herir ni atacar, así sea mentira”, dice.

Más allá del periodismo

El caso de Rafael Moreno ha sido quizá el de mayor repercusión a nivel nacional este año, pero la violencia en Córdoba siempre ha sido alarmante. Primero fue el paro armado decretado en mayo por el Clan del Golfo, que mostró su poder y control social: nadie podía salir a las calles y quien lo hacía se arriesgaba. De los 27 asesinatos registrados en nueve departamentos, el mayor número (8) ocurrió en Córdoba, según el balance que hizo la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Tras el asesinato de Moreno, el Clan del Golfo negó la autoría del hecho, pero muchos dicen que la versión no concuerda con la realidad porque ahí nada se mueve sin su permiso. 

Córdoba es el departamento del Caribe colombiano con más casos de homicidios de líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y exmiembros de las FARC desde la firma del Acuerdo de Paz, denuncia la organización Cordobexia, que lleva un registro de los casos. Actualmente, 150 personas de estos grupos se encuentran en situación de riesgo. La ONG también detalla que de los aproximadamente 234 líderes y defensores de DD.HH. que están bajo amenaza o han sido agredidos, el 35 % cuenta con medidas de protección de la UNP o la Policía. La zona más afectada es el sur de Córdoba.

El mismo presidente Gustavo Petro se ha mostrado preocupado. A finales de octubre viajó a Córdoba para entregar a un grupo de campesinos la hacienda Támesis, emblemática propiedad de paramilitares que pasó luego a manos del Estado. “Es una burla a la paz el que la tasa de homicidios del departamento de Córdoba se haya duplicado en un año. Están volviendo a Córdoba otra vez una carnicería”, dijo en un discurso. “Si vamos a hablar de paz hay que dejar de matar”, advirtió.

La sensación de impunidad, además, impera. Eneida, madre de Rafael Moreno, dice que aunque quisiera que la justicia actúe en el caso de su hijo no se hace ilusiones: “Le soy sincera: no creo en las leyes. Por lo que he pasado… es que coge tú y coge tú y coge tú, y todo se lo reparten y todo se va. Qué pena decirlo, pero así es. Estamos viviendo en un país donde se maneja el poder y la plata”.

Mauricio Castilla, director de El Pulso del Tiempo e hijo del reconocido periodista Clodomiro Castilla, asesinado a tiros en 2010 en la entrada de su casa en Montería, cree que en Córdoba a los periodistas nadie los protege y que la historia se repite. “Lo que hubo con mi papá eso fue show. Lo que está pasando con Rafael es show. Venir, tomarse la foto. ‘Estamos en las regiones’ Y después, ¿qué? No va a pasar nada, porque eso es lo que pasa en este país: vienen, se muestran, hacen su parafernalia, su boroló y listo, chao, y el problema sigue aquí”. 

Para Daniel Chaparro de la FLIP el llamado es a que el Estado actúe. El caso de Rafael Moreno o de Marcos Montalvo, el año pasado en Tuluá, “nos recuerdan que el asesinato de periodistas no se ha ido, sigue latente y aparece cada tanto”. Por eso urge la protección estatal.

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