¿Quién responde por los niños olvidados?

Durante la última década la  mortalidad por hambre en La Guajira supera los 5.360 niños

Por: La Veeduría Ciudadana para la implementación de la sentencia T-302 de 2017.

El balance de niños muertos por enfermedades asociadas a la desnutrición en el departamento de La Guajira, en la última década y de manera oficial, puede superar los 5.360 niños que fueron exterminados por aquellas personas que teniendo la posibilidad de salvarles la vida no lo hicieron, aquellas que al recibir el dinero para garantizar alimentación adecuada la desviaron o aquellos que teniendo la posibilidad de crear planes para salvarles la vida no los ejecutaron.

Eso pasó hace algunos años, pero, también está pasando en este momento en el departamento. En lo que va corrido del año y a la semana epidemiológica 44 se reportan en el SIGIVILA, de manera oficial, 64 niños menores de 5 años muertos por causas asociadas a la desnutrición.

Sesenta y cuatro niños que muy seguramente llegaron al mundo con una deuda nutricional y quienes, por las condiciones de pobreza de sus familias, no lograron alcanzar nunca las condiciones adecuadas para seguir con vida. La Guajira se ha convertido en la última década en un desierto lleno de cruces, en un campo santo lleno de pequeñas tumbas y de ataúdes blancos que navegan las rancherías sobre las lágrimas de sus madres y hasta el día de hoy, no se han podido reducir las cifras de niños que pierden la batalla ante la agonía del hambre.

Lo más triste es que la muerte de estos menores es un tránsito lento y doloroso que se mantiene, en la mayoría de los casos durante 6 meses pegados a un hilo de esperanza que se los da el seno de su madre o las pocas ayudas alimentarias que perpetúan la agonía hasta el fatídico desenlace. Muchas de las autoridades y líderes manifiestan que con la minuta nutricional entregada en el PAE o en las UCA´s  los niños no alcanza a nivelar su condición nutricional y esta se agrava con el consumo de agua no potable, por eso piden que de manera urgente se atienda la condición de todos los niños wayuu y se determinen los planeas y programas que sean necesarios para frenar la muerte de los más inocentes.

Al inicio de la presidencia, Gustavo Petro afirmaba, en uno de sus discursos, la urgencia  el establecimiento  de rutas de búsqueda activa de los niños a lo largo y ancho del departamento, para lograr recuperar de manera efectiva aquellos menores que estuvieran a riesgo de desnutrición o con algún grado de desnutrición, sin embargo era consciente de que si no se solucionaba de manera pronta el tema de suministro de agua potable y se garantizaba la distribución a lo largo del departamento, ningún programa de salud sería efectivo, ni daría los resultados que el Gobierno se habría propuesto conseguir en su línea de trabajo.

Un ambicioso plan que está alineado con las propuestas dictaminadas en el Auto 696 del 2022, donde la Corte Constitucional ordenaba poner en marcha  las rutas de búsqueda activa y categorizar las condiciones de todos los menores de edad presentes en los municipios de Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha para conocer de primera mano, no solo las condiciones de salud y nutrición, su frecuencia de control médico, su disponibilidad y acceso a los puestos de salud, sino también las condiciones de sus familias y rancherías.

Luego de la orden de la Corte, que debía materializarse en un plan de acción de urgencia provisional construido con los líderes y autoridades y ser presentado ante el organismo judicial para su aprobación, la construcción del documento ha sido liderada por el Consejero para las regiones Luis Fernando Velasco y los voceros quienes intentan lograr materializar presupuestalmente la ruta de acción que se debe poner en marcha para comenzar con el trabajo ordenado por la Corte mientras se construye el plan de acción definitivo ordenado por la Sentencia T-302 de 2017.

Pero al parecer no ha sido fácil lograr consolidar las necesidades expuestas en las diferentes mesas de trabajo que se desarrollaron en el anterior gobierno, con el presupuesto disponible para poner en marcha soluciones en tema de agua, salud y alimentación que son prioritarias a la hora de impactar las cifras de mortalidad y morbilidad en el territorio.

Y mientras estas discusiones tienen lugar en las oficinas de gobierno de Bogotá y Riohacha, los niños siguen muriendo en el silencio de las rancherías, con el agravante del inicio del receso escolar, lo que implica una disminución considerable en la ración de alimentos que se le suministra a los niños.

Al cumplirse los primeros cien días del gobierno del presidente Petro, la sociedad civil espera que una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, lo allí consignado se cumpla, especialmente en dos temas cruciales para La Guajira: i) el ordenamiento del territorio alrededor del agua y ii)   el derecho a la alimentación.

 El ordenamiento del territorio es importante porque la riqueza hídrica no se está protegiendo. El Plan busca que el ordenamiento del territorio colombiano sea compatible con un desarrollo sostenible. Entre los problemas, identificados por los ciudadanos en los diálogos regionales vinculantes, resaltan la falta de cuidado el ciclo del agua, el alto nivel de desactualización de los planes de ordenamiento en el país, la multiplicidad de instrumentos de ordenamiento territorial, la desactualización del catastro, y la informalidad en la tenencia de la tierra a nivel predial.  Vale la pena analizar las cifras que se manejan en el departamento de La Guajira y los reportes que se llevan para entender la magnitud de este magnicidio a causa de la falta de agua..

El derecho a la alimentación busca estimular y generar una transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos en línea con la Reforma Rural Integral, pactada en el Acuerdo Final de Paz. Activar las cadenas de suministro eficientes, digitales y tecnificadas para potenciar el campo. Establecer red de infraestructura para garantizar el transporte eficiente de alimentos, así como los insumos y maquinaria, reducir la intermediación y aumentar la rentabilidad en la comercialización de la producción agropecuaria con alimentos sanos y seguros que cumplan estándares en materia de sanidad.  Igualmente, acelerar los consumos de alimentos adaptados a las necesidades del curso de vida con una gobernanza multinivel políticas públicas asociadas al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA).