La crisis del agua en el Ranchería.

Por: La Veeduria Ciudadana a la implementación de la sentencia T 302 de 2017.

El rio Ranchería es el eje estructurante de la red hídrica de La Guajira. Nace en el cerro La Horqueta, a más de 3000 msnm, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y desemboca en el mar Caribe en el Distrito de Riohacha. En su recorrido de sur a norte es alimentada por una cantidad importante de ríos, arroyos y un sistema de corrientes superficiales como el río Marocaso, el arroyo Mamón y el arroyo Aguas Blancas. Desde de la Serranía del Perijá se le unen el arroyo Tabaco, Cerrejón, El Bruno y La Ceiba, todos ellos en la zona de influencia de la producción carbonífera.

Con el advenimiento de la fase de producción minera, el Ranchería ha resultado impactado y se encuentra inmerso en una crisis sin precedentes, lo que se nota en la baja sostenibilidad de lo que se llama el caudal ecológico, entendido como la cantidad de agua necesaria para mantener los organismos vivos existente en la cuenca. El uso de las aguas en la minería de diferentes afluentes, la desviación de pequeños arroyos por factores asociados a la productividad minera, la construcción de la represa del Cercado y el desvío del arroyo Bruno, han llevado al límite la vida del rio y de las de las comunidades que dependen de sus aguas para la producción de alimentos y el desarrollo de la pesca.

Es por ello que el agua ya no llega con fuerza como en otras épocas a su paso por Aremazain, Caballance y Riohacha. La fuerza de la corriente de los brazos del Riito, Calancala y Cangrejito, solo se han quedado en los recuerdos de los abuelos wayuu que caminaban en los bosques de mangles que se formaban en el delta del Rio Ranchería, antes de desembocar al mar. Tiene que llover fuertemente y por largo tiempo, para verlo aparecer, pero también para verlo morir cuando ella termina. Sin embargo, su presencia es necesaria, ya   que es vital para conservar los estuarios, como resultado de la dinámica del intercambio agua salada (marina) y agua dulce (fluvial), especialmente, el conocido como el Valle de Los Cangrejo, ecosistema en crisis, ya que las aguas de los brazos de la ranchería no alcanzan a llegar como antes.

Durante los  38 años  que lleva la minería de carbón en La Guajira, han sido impactados diferentes arroyos, algunos hasta su desaparición total, otros han sido alterados en su curso. En las áreas en donde se encuentran otorgados títulos para desarrollar nuevas actividades mineras hasta 2017 se pueden identificar 177 arroyos que podrían ser afectados por futuras actividades mineras en la Media y Baja Guajira.

Entre los impactados se encuentran El Descanso, Palotal, La Trampa, Tinaja, Rachadero, Los Lazos, Maragua, Aguas Blancas, El Puisal, Arroyo de Luis, Cañada, Carretal, El Puente, La Puente, Maguey, Araña Gato y El  Ronoco. Desparecieron las lagunas continentales del Bruno, quizás las más grandes de La Guajira ubicadas en Barrancas y 5 lagunas naturales menores. De manera parcial se han afectados los cauces de los arroyos: Tabaco, Rio Palomino, Arroyo Trupio Gacho, y Arroyo Grande (Paladines).

En relación con la represa, esta se mantiene como un elefante blanco desde su inauguración en el 2010.  Como bien lo informan los medios de comunicación, tiene una capacidad de alrededor de 198 millones de metros cúbicos de agua con los que se podría  abastecer sistemas de acueductos, pero que este momento y como lo informó en Ministro de Agricultura, se adelantan  estudios para utilizarla  en el distrito de riego del Ranchería, con dos  sistemas de conducción de agua  que iría a Distracción – Fonseca – Barranca y otro  hacia  San Juan del Cesar,  con un costo de cerca de  $1.1 billones.

Este proyecto que fue pensado bajo el carácter de multipropósito (distrito de riego, acueducto y generación de energía) aún no tiene un futuro asegurado que permita definir el uso social que tendrán las aguas del Ranchería. Por ahora, esta represa solo ha servido para regular la corriente del rio en época de sequía.  Para evitar el mar de críticas existente sobre este proyecto, el ministerio de agricultura  advierte de manera tajante que si no fuera por esta represa, no se podrían controlar de manera efectiva los niveles del río en verano y prevenir las inundaciones en invierno, sin embargo,  los pobladores y comunidades  advierten que la liberación de las aguas del rio después del paso que tienen por las zonas de cultivo de arroz, deja las aguas contaminadas y es imposible hacer uso adecuado de las mismas.  Por el momento, todo luce incierto en torno del suministro de agua a los acueductos de municipios cercanos y generar electricidad a las viviendas en el sur del departamento, es aún más remoto.  Lo que va quedando claro es que la red hidrográfica del sur ha tenido afectaciones importantes, a las cuales se le une el desvió del cauce del arroyo Bruno en cerca de 5 kilómetros.

Estos aspectos sobre las ineficiencias e insatisfacciones en el manejo del agua en La Guajira se evidenciaron en el debate de control político realizado el pasado 22 de marzo en la comisión IV del Senado.  Los expositores desde la sociedad civil dejaron en claro que el agua en La Guajira luce secuestrada, con el único fin y propósito de negociar en desigualdad de condiciones con las comunidades ancestrales, la explotación de sus suelos a cambio de la posibilidad de tener una gota de agua.

“Si las comunidades wayuu contaran con agua potable, para las empresas privadas no les sería tan fácil negociar con ellas, porque la empresa privada les promete lo que el estado no les garantiza” afirmaba la organización Indepaz, presente en el debate.

Lo que se vive hoy demostrar con hechos contundentes, es que el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 aún está lejos de ser una realidad y que en el tema de agua el departamento aún no cuenta con el cumplimiento del mínimo vital para las comunidades rurales dispersas, quienes ven como en su territorio se anuncia el progreso en las principales ruedas de negocios internacionales, pero que de puertas para adentro solo se ve pobreza, sed y abandono.

Hoy la nueva empresa departamental de servicios públicos domiciliarios – ESEPGUA, que retomó la operación del agua y el alcantarillado de La Guajira  tendrá que comenzar a responder una avalancha de procesos sobre el abastecimiento y el manejo del programa Guajira azul y la construcción, mantenimiento y puesta en funcionamiento de los módulos de pilas públicas faltantes, con las cuales  según el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio se pueden lograr coberturas en los territorios rurales dispersos  del 22%  en el  abastecimiento de agua potable.

El debate también sirvió para percibir que las autoridades regionales y locales se encuentran de espaldas a las necesidades de las comunidades. Frente a un tema tan delicado y vital como el agua potable y las crisis del Ranchería, ni el Gobernador de La Guajira, ni las alcaldías de los municipios accionados en la Sentencia estuvieron presentes. Todo parece indicar que esta generación de funcionarios no les importa la crisis del agua en La Guajira y el clamor de sobre ella lanzan de manera permanente las comunidades.