Los nuevos representantes por La Guajira deben conocer la Sentencia T-302 de 2017.

Por: La Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017.

Las pasadas elecciones de representantes a la Cámara y al Senado de la República, dejó muchas satisfacciones y esperanzas a los ciudadanos de La Guajira, especialmente, a los miembros del pueblo wayuu. El departamento pasó de tener dos únicos interlocutores con el gobierno nacional, a contar con cinco en el próximo periodo legislativo, diversificada en género y procedencia étnica.

Tres hombres y dos mujeres tendrán la responsabilidad de darle voz a La Guajira, oportunidad para que la mujer wayuu en el senado y cámara pueda determinar una agenda para intervenir la muerte de cientos de niños de 0 a 5 años en los territorios ocupados de manera dispersa en el desierto, allá en la ranchería profunda. Adicionalmente, desde la gestión política tendrán la capacidad de promulgar, aprobar y realizar seguimiento a leyes y presupuestos para la materialización de obras y desarrollo de las regiones.

Todos ellos están llamados a cambiar el escenario tendencial del departamento. Con la confirmación de los nuevos representantes y con la mira a las elecciones presidenciales, es bueno recordar que La Guajira sigue en mora el cumplimiento de los estipulado en la Sentencia T-302 de 2017 para la superación del estado de cosas inconstitucional, las órdenes de protección de los niños, mujeres y población mayor wayuu ordenadas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y 12 sentencias adicionales que se encuentran durmiendo en los escritorio de los accionados..

Existen enormes retos. El departamento enfrenta un año arduo en lo que a trabajo territorial se refiere, con el regreso de las competencias que antes manejaba la nación, ahora bajo la gestión administrativa de las autoridades territoriales, quienes deben atender la educación, salud, abastecimiento de agua potable y servicios públicos y con ellos, la garantía de los derechos fundamentales de la población de la península y en especial, la población indígena que habita el territorio quienes son la mayoría.

Hay que recordar que el cumplimento de una Sentencia como la T-302 de 2017 implica un plan de acción estructurado entre el gobierno nacional, el gobierno territorial y los representantes de las comunidades indígenas para formular acciones de corto, mediano y largo plazo para la superación del estado de cosas inconstitucionales, con unos indicadores de medición y cumplimiento que determinarán  si los planes implementados son o no son efectivos

.En lo que va corrido de este año, a la semana 8 del reporte que entrega el SIVIGILA, ya se contabilizan 10 niños muertos por enfermedades relacionadas a la desnutrición, pero seguramente con el intenso verano y la sequía de los jagüeyes, las condiciones en el territorio se tornarán aún más difíciles.

Después de depositar no solo el voto en las urnas, sino la confianza en los mandatarios que se estrenarán en los   nuevos cargos, es necesario asegurar el pleno conocimiento de la Sentencia por parte de  los representantes por La Guajira, para que sean gestores del cumplimiento de la misma.   De igual manera, es necesario seguir realizando pedagogía en el territorio por el desconocimiento que aún existe del documento entre la población indígena y muy seguramente entre algunos funcionarios territoriales en posiciones administrativas de importancia.

La   sentencia es un plan de desarrollo. Ella cuenta tiene mandatos fundamentales como aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua con un suministro mínimo de 20 litros de agua per cápita, o sea por persona al día, lo cual no se cumple en ninguna de las pilas públicas que se encuentran en el territorio, adicionalmente, se debían rehabilitar los pozos profundos y hacer mantenimiento a los pozos artesanales y jagüeyes y una distribución continua de agua por carrotanques. Por otro lado, Corpoguajira tiene el papel de determinar el impacto de la minería en la escasez de agua potable.

Se debían aumentar los programas de atención alimentaria con aumento de disponibilidad en el aumento de cobertura, con un diseño de programas compatibles con la cultura y que permitan realmente la recuperación de niños en estado de desnutrición y un aumento de los programas de seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria, ya que las comunidades indígenas deben tener la capacidad de producir sus propios alimentos o por lo menos la mayoría de ellos.

Desde la Sentencia se implementaría un sistema de salud para La Guajira que permita la atención eficiente y eficaz de la población wayuu, presentando resultados en relación con eventos de desnutrición, enfermedades diarreicas y enfermedades respiratorias. Mejorar las condiciones de movilidad de las comunidades wayuu que viven en zonas rurales dispersas, lo que implica construcción y adecuación de vías secundarias y terciarias.

Frente al cumplimiento es indispensable meter el acelerador dentro de todas las instancias que sean responsables para lograr una articulación de fondo y de forma para la creación de un plan de acción que permita dar cumplimiento a la Sentencia, pero lo más importante lograr bajar los indicadores de desnutrición de una manera sustancial.

Aún el camino que le queda a la Sentencia es largo, si tomamos en cuenta que su estudio de forma y de fondo se encuentra en la etapa inicial, a pesar de los 5 años que va a cumplir el documento jurídico y que muy seguramente tendrá que volver a la etapa inicial si se   cambia de mandato presidencial, antes de que se dé un avance real en la articulación de las órdenes judiciales.

Por el momento y como deber ciudadano, se siguen dando charlas y explicaciones sobre la Sentencia en espacios públicos y universidades, como el que se dio la semana pasada en las instalaciones de la Universidad de La Guajira, adelantado por el equipo técnico de la Veeduría Ciudadana, quienes siguen desarrollando este tipo de estrategias para lograr masificar el contenido de la misma e impulsar su urgente cumplimiento.

Queda abierta entonces la posibilidad de los nuevos representantes por el departamento estudien no solo la sentencia T-302 de 2017, sino que le den un repaso a las otras 10 Sentencias en mora de cumplimiento y a los mandatos de la CIDH promulgados en el 2015, en aras de crear una nueva dinámica para su cumplimiento.  También los exhortamos a que se acerquen a las universidades, hablen con los grupos de expertos, tengan charlas con los voceros o con los grupos de veedores que tienen presencia en el departamento para que se puedan llenar de argumentos a la hora de luchar por la península y así generar un verdadero cambio, hacia La Guajira deseada, es decir, sin niños muertos de hambre. Esta es una grandiosa oportunidad para que la dignidad se vuelva costumbre, como lo reiteran permanentemente los jóvenes de la huelga de hambre