Celebramos este 9 de febrero, el día nacional del periodista, en medio de una polarización política a la que no escapa el departamento de La Guajira, debido a las elecciones a Senado y Cámara de Representantes, previstas para este 13 de marzo, y luego las de presidencia de la República.
De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la mayoría de las agresiones a la prensa durante el 2021 fueron perpetradas por miembros de la fuerza pública durante las jornadas de protestas sociales. En otros momentos la presión vino por parte del acoso judicial, las amenazas y las restricciones de acceso a la información impuestas sin razón por funcionarios e instituciones estatales.
Las siguientes son las estadísticas de agresiones que registró la FLIP el año pasado.
Total agresiones*: 684
Total víctimas: 768
*En un solo episodio de agresión puede haber más de un periodista víctima.
172 amenazas
La amenaza ha sido por muchos años una de las formas predilectas para atacar a la prensa. En el 2021 hubo un incremento de casos con respecto al año anterior, cuando registramos 152. Las amenazas tienen diferentes consecuencias: desde la autocensura, hasta el abandono del ejercicio periodístico.
¿Quiénes amenazan a la prensa?
Fuerza pública: 18 casos.
Particulares: 52 casos.
Desconocidos: 56 casos.
168 agresiones físicas
El 93% de las agresiones físicas a la prensa sucedieron durante el cubrimiento de las jornadas de manifestaciones, entre mayo y julio. Los periodistas fueron empujados, golpeados con puños, piedras, escudos y patadas e incluso algunos fueron apuñalados.
En el 2021 se registró un gran incremento en los casos de agresión física, comparado con el 2020, cuando documentaron 30 casos.
65 hostigamientos.
57 obstrucciones al trabajo periodístico.
4 atentados.
1 asesinato.
1 secuestro.
43 obstrucciones de acceso a la información
El acceso a la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía y vital para el ejercicio de la prensa. Todos los días los periodistas solicitan datos e información a entidades del Estado para realizar veeduría sobre temas de alto interés público. Obstaculizar este derecho nos afecta como sociedad, pues tenemos menos insumos para tomar decisiones informadas.
En el 2021 registraron 42 casos en los que servidores públicos faltaron a su deber constitucional y se negaron a brindar información sobre temas como la gestión de la pandemia, de las manifestaciones sociales, contratación pública y administraciones locales.
36 casos de acoso judicial
Esta es una forma menos violenta físicamente de intimidar a la prensa, pero igual de efectiva y perjudicial. El acoso judicial impacta a los y las periodistas emocional, económica y socialmente. Les obliga a dejar de cubrir ciertos temas, por lo que se pierde veeduría en asuntos de alto interés público.
¿Quiénes acosan judicialmente a la prensa?
Funcionarios públicos: 10
Particulares: 24
137 agresiones de otras formas.
Los seis departamentos con más agresiones a la prensa:
Bogotá: 197
Antioquia: 90
Valle del Cauca: 81
Santander: 37
Cauca: 30
Tolima: 24
En la FLIP preocupa, especialmente, la situación de la prensa en Arauca y Norte de Santander. Allí, las agresiones a periodistas han aumentado sin que haya medidas de prevención y protección articuladas, diferenciadas y adaptadas a los diferentes contextos. En el 2020 la FLIP registró 13 agresiones contra la prensa en Arauca y otras 13 en Norte de Santander. Para el 2021 se registraron 21 casos en cada departamento.
Manifestaciones sociales
Total agresiones: 359*
Total víctimas: 408
*Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Solo entre abril y julio registramos 304 agresiones.
Las seis agresiones más frecuentes:
155 agresiones físicas.
58 amenazas.
33 casos de obstrucción al trabajo periodístico.
28 hostigamientos.
19 robos o eliminación del material periodístico.
16 detenciones ilegales.
La fuerza pública fue el mayor agresor de la prensa durante las jornadas de manifestaciones y se convirtió también en el máximo agresor de la prensa en todo el 2021. Tampoco hubo un respaldo público oportuno de las autoridades a la labor periodística.
Total de agresiones de fuerza pública durante todo el año: 247
Total de agresiones de fuerza pública en contextos de protestas: 227
Colombia en reversa
Durante el año pasado la Flip, fue testigo del período más violento contra la prensa en años recientes en Colombia. El asesinato de un periodista demuestra que la prensa se sigue enfrentando a agresiones extremas sin garantías por parte del Estado. Este es un repaso por los momentos que marcaron la libertad de prensa del 2021.
Asesinato de Marcos Efraín Montalvo
El 19 de septiembre fue asesinado Marcos Efraín Montalvo, un periodista veterano de Tuluá, Valle del Cauca. Su trabajo periodístico es recordado por las denuncias y críticas a la administración local. Su asesinato es el segundo que ocurre en menos de un año en el Valle del Cauca. Este contexto genera temor entre los y las periodistas de la región que ante estos hechos de violencia pueden verse obligados a autocensurarse y dejar de denunciar temas como los que cubría Montalvo.
Por el asesinato ya fue capturado un menor de edad y la principal hipótesis de la fiscalía general de la Nación es que el crimen fue motivado por el trabajo periodístico de Montalvo.
Récord de periodistas agredidos en manifestaciones sociales
A lo largo del año se registraton 359 agresiones a la prensa durante las manifestaciones sociales. Especialmente nos llama la atención el período entre el 28 de abril y el 19 de julio, en el que documentamos 304 agresiones contra periodistas y medios. En los contextos de protesta del 2021, la fuerza pública fue responsable del 63% de las agresiones. A pesar del compromiso institucional de investigar y sancionar a los responsables, hasta el momento, solo hay siete procesos abiertos y no conocemos de ninguna sanción a los responsables.
Ciberpatrullaje y vigilancia en línea.
Durante el paro nacional el Ministerio de Defensa y la Policía iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. Esta política, que va en contravía de las indicaciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra voces críticas del Estado que denuncian irregularidades de las instituciones. Preocupa la vigilancia y seguimiento que puedan hacer a usuarios de redes sociales y periodistas, en especial porque el país ya tiene antecedentes de perfilamientos a la prensa.
Hasta ahora, ni el ministerio ni la Policía han asumido alguna responsabilidad y se escudan en decir que se trataba de una campaña pedagógica para hacer frente a las noticias falsas.
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