La atención médica en esta zona es un cuerpo enfermo. Con contratos por 114 mil millones de pesos, el clan Rodríguez asfixió las finanzas del hospital de Caucasia, el más grande de la región, a través de la subcontratación de sindicatos y asociaciones de la salud. Este mecanismo llegó a otros cuatro municipios cercanos en un negocio millonario manejado por congresistas y gobernantes que afecta a más de 306 mil personas.
Por: Cuestión Pública, Vorágine y La Liga Contra el Silencio.
Faltando cuatro meses para las elecciones del Congreso en 2014, el gerente del hospital público César Uribe Piedrahita de Caucasia (Antioquia), Orlando José Rodríguez Álvarez, contrató al Sindicato de Profesionales y Trabajadores Independientes de la Salud de Antioquia (Sintrasant) por 20 millones de pesos, para garantizar el mantenimiento del Centro de Recuperación Nutricional del centro asistencial. Así comenzó una secuencia de 564 negocios más, con la misma institución, para gestionar cerca de 99 mil millones de pesos. Este modelo de contratación se replicó a otros nueve sindicatos que operan con recursos públicos de la salud en todo el nororiente de Antioquia, en un entramado de intereses que compromete a funcionarios, gobernantes y congresistas.
Orlando José Rodríguez Álvarez es uno de tres hermanos de una familia del Bajo Cauca antioqueño, con alianzas políticas que llegan hasta el senador del Partido de la U, Germán Darío Hoyos. Durante los ocho años – 2012 a 2020 – en que Rodríguez Álvarez gerenció el hospital de Caucasia, único de nivel II de complejidad de la subregión, la entidad destinó 768 contratos por 138 mil millones de pesos a sindicatos y asociaciones del sector salud.
Antes de su llegada a la gerencia, no había evidencia de contratos firmados con sindicatos. El primer contrato, de 2013, que se inició como una labor puntual de asistencia en nutrición a niñas y niños, derivó en una cadena de subcontratación de servicios y personal en diferentes áreas. Durante la calentura de las nuevas elecciones nacionales en 2018, el sindicato Sintrasant ya copaba el 51 % de los ingresos del hospital.
Poco a poco, la presencia de Sintrasant empezó a abarcar áreas como anestesiología, alimentación en urgencias, ginecología y obstetricia, así como labores de asesoría jurídica y lavandería, como quedó registrado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Esto pese a que Sergio Uribe Betancur, representante legal del sindicato, le afirmó a esta alianza periodística que Sintrasant solo agremia a personas pertenecientes y de apoyo al sector salud. Cuestionado por la variedad de servicios por los que fueron contratados, Uribe Betancur aseguró haber cumplido con los requisitos exigidos en el manual de contratación de la entidad.
En contraste, médicos de la región denunciaron reiterados incumplimientos en el pago de sus sueldos, mala calidad de los suministros médicos, problemas de salubridad y deficiencias en la construcción y reparación de la infraestructura del hospital de Caucasia.
Antes de terminar la gerencia de Orlando Rodríguez, una auditoría de la Contraloría General de Antioquia (CGA) de 2018 sobre su gestión reveló un presunto detrimento de 863 millones de pesos a través de impuestos en estampillas, destinados a apoyar gastos en salud, educación y adultos mayores, que fueron reembolsados, entre otros, a tres sindicatos: Sintrasant, Sindisalud y Famysalud. Según el informe, estos sindicatos solo pagaron el 10 % de impuesto de estampillas que debían pagar.
Parte de este recaudo se destina a financiar hospitales públicos. No obstante, ese mismo 2018, el hospital de Caucasia terminó reembolsando a los sindicatos valores ya retenidos por las estampillas, sin un acto administrativo que lo aprobara, ni soportes o facturas que lo justificaran, según destacó la Contraloría. De los $863.626.335 que fueron reembolsados, el 54 % fue reintegrado a Sintrasant.
Consultado por Cuestión Pública, el representante legal de Sintrasant aseguró no haber sido notificado por estos hechos y desconocer la presunta irregularidad. (Lea aquí la respuesta completa del sindicato).
En 2020, el senador Germán Darío Hoyos, del Partido de la U, fue ponente en el trámite de la Ley 2028 de 2020, que ordenó duplicar el valor recaudado por la estampilla a favor de los hospitales públicos en el departamento, y que pasó de recaudar 200 mil millones a 400 mil millones de pesos. Empresas de familiares del senador Hoyos ya habían contratado en 2013 con el hospital durante la gerencia de Orlando Rodríguez, como lo reveló Cuestión Pública en la investigación “Sabemos lo que hiciste en la legislatura pasada”.
Cuestión Pública le preguntó al senador Hoyos por su relación con el exgerente Orlando Rodríguez y sus hermanos, apodados el clan Rodríguez de Caucasia, a lo que respondió que es netamente política y que los conoció por iniciativa de los mismos Rodríguez. Este medio también indagó por los contratos que empresas de sus familiares obtuvieron durante la gerencia de Orlando Rodríguez en el hospital de Caucasia, así como por los cuestionamientos a los sindicatos en el Bajo Cauca. El congresista dijo no tener conocimiento de los hechos.
Siete de cada diez contratos del hospital de Caucasia con sindicatos fueron adjudicados a Sintrasant entre 2013 y 2021. Los contratos reportados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) sumaron 26.451 millones de pesos en 2019. Lo poco que se sabe de esta organización es que fue creada el 5 de octubre de 2012 en Sincelejo (Sucre), después de que Orlando Rodríguez asumiera la gerencia.
Cuando Rodríguez salió en 2020, al parecer no se detuvo la contratación con Sintrasant, pues se incrementó con otra organización de la misma índole: el sindicato Sindisalud que, en 2021, contrató con el hospital de Caucasia por 20 mil millones de pesos, la cuarta parte del presupuesto de la entidad. Fuentes protegidas de Cuestión Pública sostienen que los dueños del sindicato Sintrasant pertenecen al clan Rodríguez. Entre ellos, el aludido exgerente del hospital, Orlando José Rodríguez, aunque su nombre no se encuentra en las actas del sindicato entregadas por el Ministerio de Trabajo. Sergio Uribe Betancur, representante legal de Sinstrasant, negó que el sindicato o sus miembros tuvieran relación alguna con el exgerente Rodríguez o que este último tuviera participación en la toma de decisiones del sindicato. Esta alianza periodística intentó contactar sin éxito a Orlando José Rodríguez a través de su hermano, Óscar Luis, y de su padre, Orlando José.
Con la llegada de Rodríguez Álvarez al hospital de Caucasia se impuso un mecanismo que luego se trasladó a otros hospitales del Bajo Cauca: el uso de las agremiaciones de profesionales y los sindicatos de salud para contratar personal y apoyo de servicios de los hospitales para desangrar los recursos públicos. Esta alianza les siguió la pista a la contratación pública de diez agremiaciones en la subregión y afloraron las irregularidades. Sindicatos que crecieron de manera descontrolada cooptando recursos públicos, a través de la prestación de múltiples servicios. Apoyaban desde odontología, lavandería, alimentación de pacientes, implementación de sistemas de información, contabilidad o recuperación de cartera del hospital, hasta el seguimiento a procesos jurídicos y actividades de archivo, promoción, prevención y vacunación.Félix Olmedo Arango, subdirector científico del Hospital César Uribe Piedrahita (HCUP) entre 2016 y 2019, y alcalde encargado de Caucasia entre 2020 y 2021, afirmó a Cuestión Pública que “con esos sindicatos contratan todos los hospitales del país (…) porque así es la forma que hay hoy para poder prestar servicios”. Arango aseguró que Sintrasant estaba calificado para desempeñar actividades tan variadas por su “experiencia y por las condiciones de los pliegos de los contratos”. Pero esta alianza encontró que en 11 años, la única experiencia con entidades públicas que ha tenido el sindicato ha sido con el mismo hospital de Caucasia.
Muerte e impunidad
En diciembre de 2020, en el baño de un hospital en Bogotá, falleció el anestesiólogo Óscar Pastrana. El profesional había trabajado en el hospital de Caucasia en 2017, y curiosamente, dos meses antes de morir en extrañas circunstancias, había denunciado que los sindicatos Sintrasant y Sindisalud solo eran empresas “fachada” del gerente Orlando Rodríguez y su clan. En la junta directiva de este último sindicato existen algunas coincidencias entre sus miembros. Clarybel Andrea Morelos Bedoya, quien constituyó el sindicato Sindisalud en 2010 y posteriormente el sindicato Famysalud en 2015, actualmente hace parte de las juntas directivas de los dos sindicatos. Tanto Sindisalud como Famysalud contrataron con el hospital de Caucasia.
[Embeber tuit: https://twitter.com/AnestesiologOp/status/1316813682974785544]
Un año después de las denuncias de Pastrana, a la gerencia del hospital de Caucasia llegó el odontólogo Luis Octavio Gutiérrez Montes, quien ordenó una auditoría interna para evaluar la contratación del hospital en 2020. Gutiérrez Montes fue asesinado en abril de 2021. Después de un año, el caso no ha avanzado y sigue en proceso de investigación por parte de la Fiscalía, con acompañamiento del Ministerio de Justicia.
La auditoría contratada por el asesinado exgerente Gutiérrez Montes concluyó que el hospital no hacía pública su contratación, tal como está obligado a hacer por el decreto 1082 de 2015. Además, identificó 106 contratos suscritos por el hospital con Sintrasant por 24.271 millones de pesos, que no fueron reportados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
Sumado a esta falta de transparencia, el informe documentó que las interventorías no verificaron la ejecución real de los contratos con los sindicatos y que, en algunos casos, no se encontraron informes de actividades mensuales de los contratistas ni planillas de horas trabajadas. Algunos contratos adjudicados a Sintrasant no evidencian elaboración de estudios previos para justificar los servicios contratados.
El asesinato de Luis Octavio Gutiérrez agudizó la situación en 2021, lo que obligó a la Superintendencia de Salud a realizar una nueva auditoría y ordenar una medida de vigilancia especial para el hospital de Caucasia, tras evidenciar fallas administrativas, financieras y asistenciales en el hospital.
La auditoría de la Supersalud concluyó que la contratación de los sindicatos entre 2019 y 2021 no fue autorizada por la asamblea general de afiliados del sindicato y, en algunos casos presuntamente subcontrató personal que debía ser de planta, lo que está prohibido por la ley.
Frente a estos hallazgos de la Supersalud, Félix Olmedo Arango le dijo a esta alianza que “el Ministerio de Salud ha insistido mucho en que todo el personal sea de planta, pero no da los recursos”. Aclaró que contratar de planta a todo el personal supondría poner en riesgo financiero al hospital y eso afectaría la prestación de servicios de salud. “O sea usted cumple por un lado, pero incumple por el otro lado, o cumple por este lado, e incumple por el otro lado”, concluyó.
Además, Sintrasant no pagó a los miembros del sindicato por sus servicios. Casi seis meses después de la salida de Orlando Rodríguez de la gerencia del hospital de Caucasia, en octubre de 2020, médicos especialistas, médicos generales, auxiliares de enfermería, personal administrativo y de lavandería salieron a paro y se declararon en asamblea permanente por el incumplimiento en el pago de salarios, bonificaciones y liquidaciones durante cinco meses. El sindicato alegó no tener recursos para pagarles a los trabajadores.
Al respecto, Uribe Betancur, representante de Sintrasant, respondió a este medio que iniciaron una demanda ejecutiva singular para recuperar la cartera adeudada y que se encuentran en mesas de trabajo con el hospital.
Félix Olmedo aseguró, en la entrevista con Cuestión Pública, que esto tenía origen en un asunto de carteras: “Cuando yo estuve, [el hospital] tenía una deuda en carteras. Es decir, que las EPS le debían a ellos, al hospital, 45.000 millones de pesos y el hospital debía a sus proveedores, alrededor de 22.000 millones de pesos. Es más, si el hospital recuperaba toda la cartera que le adeudaban y pagaba, le quedaba una utilidad de 20.000 millones”, dijo.
El engranaje, las gerencias de los hospitales
Los intereses políticos rondan las gerencias de los hospitales del Bajo Cauca. Una fuente protegida de Cuestión Pública, que conoció internamente el proceso de selección de los gerentes de hospitales del nororiente antioqueño, afirma que el nombramiento de al menos dos (que subcontrataron vía sindicatos) fue realizado, presuntamente, a través de una figura denominada ‘boletas’, que consiste en un pago irregular o soborno que cobran los políticos que controlan las universidades para asegurar que un candidato se quede con el puesto.
Otra modalidad para ganar los concursos de méritos parecen ser los acuerdos ilegales para escoger los gerentes o la promesa de contratos futuros con las universidades. La misma Procuraduría General de la Nación denunció presuntas irregularidades en los concursos de méritos nacionales, relacionados con extorsiones por parte de las universidades para asegurar los puestos, como lo reseñó en 2012 la revista Semana.
El médico Orlando José Rodríguez, miembro del clan Rodríguez, es uno de los candidatos que presuntamente llegó a la gerencia del hospital de Caucasia con irregularidades. Otro caso habría sido el de Carlos Alfonso Orrego, exgerente del hospital de Yarumal, Antioquia. Orrego fue inhabilitado y suspendido por 15 años por la Procuraduría Provincial de Yarumal en 2019, por haber violado la ley de inhabilidades, al otorgar contratos a uno de sus socios en la empresa Constructores & Asociados Las Vegas S.A.S.
La designación tanto de Rodríguez como de Orrego se realizó a través de un concurso de méritos a cargo de la Universidad de Medellín (UdeM), institución que fue considerada un fortín del Partido Liberal. Los dos gerentes contrataron a personas o a empresas cercanas a la UdeM después de asumir el cargo, según lo registró el periodista antioqueño Sergio Mesa.
Uno de los destacados en esas contrataciones fue el coordinador del concurso de méritos de la Universidad de Medellín, Luis Fernando Galván Gómez, quien asesoró la implementación del sistema de gestión de calidad en el hospital de Caucasia en la administración de Orlando Rodríguez (2013) y en el hospital de Yarumal en la administración de Carlos Alfonso Orrego (2014), como dejó consignado en su hoja de vida. En 2015, Galván fue contratado en otras tres ocasiones por el hospital de Yarumal, por un total de 121 millones de pesos.
Galván no fue el único. Néstor Hincapié Vargas, en su calidad de rector de la Universidad de Medellín, registró en 2011 en la Cámara de Comercio de la capital antioqueña una empresa dedicada a servicios generales de aseo y mantenimiento llamada Grupo Empresarial SEISO S.A.S. La empresa obtuvo 13 contratos entre 2014 y 2015 con el hospital de Yarumal, en la gerencia de Carlos Alfonso Orrego, por 1.723 millones de pesos. Y no solo eso, Néstor Hincapié Vargas registró en 2014 la empresa Proyectos & Servicios Especializados S. A. S., en Medellín, que se dedica a publicidad y comunicaciones y suscribió otros dos contratos entre 2015 y 2016 con el hospital de Yarumal por 26 millones de pesos en la administración de Orrego. Hincapié Vargas renunció en 2020 al cargo de rector de la Universidad de Medellín en medio del escándalo de la adjudicación presuntamente irregular del título de abogado al senador del Partido Liberal Julián Bedoya. Por estos hechos, Hincapie Vargas fue imputado por la Fiscalía en diciembre de 2019, con el delito de falsedad ideológica en documento público.
En 2016, con la llegada de los nuevos alcaldes, la elección de los gerentes de los hospitales de la región fue cuestionada. Bernardo Rodolfo Fajardo, candidato a gerente de un hospital en Medellín, denunció ante la Procuraduría General de la Nación que la Universidad de Medellín estaba cobrando entre 70 y 300 millones de pesos “por debajo de la mesa” para asegurar al ganador de los concursos de méritos.
Iván Darío Agudelo Zapata, entonces representante liberal y hoy senador, fue señalado como puente entre la Universidad de Medellín y los aspirantes, quienes presuntamente debían pagar 30 millones de pesos por el examen, más un valor extra si había entrevista, según denunció en 2016 el periodista Sergio Mesa. Agudelo fue miembro de la asamblea de la Universidad de Medellín al igual que dos de sus hermanas. Además, su padre y su tío fueron fundadores de la universidad, como lo contó Cuestión Pública en la investigación “Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada”.
Una fuente protegida aseguró que las ‘boletas’ eran pagadas entre los candidatos y los alcaldes, y así mismo se repartían los negocios del hospital. Por ejemplo, el alcalde le diría al aspirante: “Esta boleta vale 70 millones de pesos, yo doy 35 y usted 35, y en los negocios del hospital la mitad es mía”. Una vez posesionado en el cargo, el gerente replicaba el mecanismo y les cobraba una ‘boleta’ a los futuros contratistas, para garantizar su elección dentro del proceso, según afirmó la misma fuente.
Y aunque actualmente los gerentes ya no se eligen por concurso de mérito, y son los alcaldes, gobernadores y hasta el mismo presidente quienes los nombran de manera directa (Ley 1797 de 2016), el pago de la ‘boleta’ se mantiene. Tres fuentes le afirmaron a Cuestión Pública que el cargo de gerente del hospital de Caucasia habría sido vendido en 2020 a dos personas diferentes por un total de 1.000 millones de pesos: a uno por 650 millones y al otro por 350 millones de pesos.
Sin embargo, luego de que el alcalde electo, Leiderman Ortiz*, no se pudiera posesionar en el cargo por estar inhabilitado, la gerencia del hospital terminó en manos de Luis Octavio Gutiérrez (†), de quien fuentes de Cuestión Pública aseguran que era aliado del representante a la Cámara conservador Germán Blanco. Entre tanto, Félix Olmedo, quien era la mano derecha en el hospital de Caucasia del exgerente Orlando Rodríguez, fue designado como alcalde encargado de Caucasia entre enero de 2020 y junio de 2021.
Contratos sindicales, nueva cepa del mismo virus
En 2021 más de 32 mil millones de pesos del presupuesto de los hospitales del Bajo Cauca son gestionados por sindicatos y asociaciones de la salud. Edwin Palma Egea, expresidente de la Unión Sindical Obrera, no ha dudado en señalar que los contratos sindicales son formas ilegales de tercerización laboral. No obstante, estos contratos están avalados por el Código del Trabajo (artículo 482) y parecen reemplazar a las tradicionales cooperativas de trabajo asociado, que juntaban trabajadores para prestar servicios, y que fueron señaladas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de ejercer “labores de suministro de personal de manera fraudulenta”.
La Ley 1429 de 2010 prohibió la contratación en el sector público a través de las cooperativas de trabajo asociado. Aun así, el 28 de abril de ese mismo año, el presidente Álvaro Uribe Vélez ya había firmado un decreto que coincidencialmente también lleva el número 1429 de 2010 y que reglamentaba la figura de contratación sindical en Colombia.
Casi una década después, la contratación a través de sindicatos se ha replicado por toda la región y sus consecuencias revelan un sistema en descomposición. En el hospital de Puerto Berrío, administrado por el hospital de Caucasia, médicos denuncian casos de muerte de neonatos por mala atención en el servicio y exceso en el número de horas de trabajo. También alegan falta de pago por parte de los sindicatos y afirman que estos últimos controlan y manipulan el sistema hospitalario, que realizan cobros a las entidades que no se ven reflejados en beneficios o mayores pagos a los asociados del sindicato y que la única manera de trabajar es a través de estas asociaciones.
“Uno trabaja a través de sindicatos por la necesidad, pero ojalá estuviéramos vinculados [de manera directa a los hospitales]”, asegura un médico que ha estado afiliado a Sintrasant y a Sindisalud, y que pidió reserva de su nombre. Durante la pandemia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifestó la importancia de contratar al personal de la salud en condiciones dignas y justas.
El hospital de Caucasia ha sido vinculado solidariamente en 70 demandas judiciales que involucran a Sintrasant y a Sindisalud y que podrían afectar los recursos públicos de la entidad. Esta responsabilidad significa que el hospital responde de manera conjunta en las demandas interpuestas desde 2018. Solo en 2021, se presentaron 37 demandas contra Sintrasant, de las cuales 36 incluyen solidariamente al hospital. Además, esta alianza periodística encontró procesos contra sindicatos que también involucran solidariamente a los hospitales de Cáceres y Tarazá.
En el Bajo Cauca hay un miedo generalizado al poder que ejercen los sindicatos en el sistema de salud y su cercanía a los poderosos políticos regionales. Los caciques electorales manejan los hilos de la contratación en los hospitales públicos de la subregión para aceitar su maquinaria electoral sin obstáculos. Dos personas que denunciaron irregularidades en el manejo del hospital de Caucasia están muertas. Las fuentes consultadas por Cuestión Pública en terreno pidieron la reserva de su nombre por temor a represalias.
BonusTrack: El actual senador Germán Darío Hoyos no se presentará al Senado para las elecciones de marzo de 2022. Sin embargo, su hermano, Óscar Guillermo Hoyos Giraldo, odontólogo de profesión y quien fue concejal entre 2008 y 2015 y secretario de Medio Ambiente de Medellín durante la Alcaldía de Federico Gutiérrez, se lanzó a la Cámara de Representantes por la Coalición Centro Esperanza Antioquia.
Por su parte, los senadores Germán Blanco, del Partido Conservador, e Iván Darío Agudelo, del Partido Liberal, aspiran a repetir su curul en las elecciones a Congreso de este año.
***
El mecanismo depredador que se reprodujo en cinco municipios del Bajo Cauca antioqueño
Cuestión Pública, Vorágine y La Liga Contra el Silencio rastrearon en el SECOP I y II por lo menos diez sindicatos y asociaciones que operan en el departamento y que contrataron con los hospitales del Bajo Cauca antioqueño en 871 ocasiones -entre 2013 y 2021- por más de 175 mil millones de pesos.
La contratación de los hospitales del Bajo Cauca con los sindicatos ha dejado una lista de presuntas irregularidades que no parece tener fin: sobrecarga de horas semanales de trabajo al personal de salud, detrimentos en el presupuesto de las entidades, e incluso, gerentes que han cometido presunto fraude a la DIAN.
La red hospitalaria del Bajo Cauca antioqueño está compuesta por cinco hospitales públicos y un centro de salud:
- La ESE (Empresa Social del Estado) Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia.
- La ESE Hospital San Antonio de Tarazá.
- La ESE Hospital Isabel La Católica de Cáceres.
- La ESE Hospital La Misericordia de Nechí.
- La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Bagre.
- El Centro Médico Cubis de Zaragoza.
Los últimos cinco son entidades de nivel I de atención, por lo que los casos de mayor complejidad son remitidos al hospital de Caucasia. De estos, todos, menos el de Zaragoza, han subcontratado parte de su personal administrativo, asistencial y de especialistas a través de los sindicatos de la salud.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.