No se deje pescar en río revuelto.

Por: Veeduría ciudadana para la implementación de la sentencia T-302 de 2017

Nuevamente se comienza a vivir en Colombia un ambiente caldeado  por el fervor político  que se genera por las elecciones que se aproximan, donde se escogerá no solo al nuevo mandatario de los colombianos, sino también a los representantes del Congreso divididos en Senado con 108 curules a nivel nacional (2 de ellas de circunscripción especial) y la cámara con 188 curules de circunscripción territorial que están integrados a su vez por 5 representantes de circunscripción especial, 2 para comunidades afrodescendientes, uno para los indígenas, uno para los colombianos residentes en el exterior y otro para movimientos minoritarios.

Esta masiva movilización de candidatos, visitando parque, plazas, hospitales, barrios, casetas  de ferias, carnaval, galleras  y hasta  rancherías,  se hace aún más notorio a medida que se acerca la fecha de las elecciones y suele estar acompañado por una serie de alianzas y pactos, que les permiten adherir la mayor cantidad de votos en un corto tiempo, a cambio de promesas como soluciones de agua, carnet de salud, vías,  contratos,  dinero en efectivo y mercados, que se cumplirán, una vez se obtenga la cantidad de votos depositados  y verificados  en las urnas.

Es el panorama se vive y que se repite en el departamento de La Guajira y que se replica a lo largo y ancho del territorio colombiano, con excepción en regiones como la del Cauca, específicamente en las  comunidades indígenas que integran el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), que tienen un funcionamiento diferente, propio y políticamente funcional, que  se puede  identificar como un modelo de gestión política para promover sus propuestas y no las de los candidatos, patrón de  gestión y gobernanza del territorio digno de replicar dentro de las comunidades indígenas de La Guajira.

Ellos, como lo afirma Fernando Acosta, indígena Nasa del Cauca, han logrado a través de las asambleas comunitarias, definir un modelo equitativo e igualitario que les permite tener, no solo un candidato propio de este grupo indígena, sino apoyar en conjunto a los candidatos que hayan sido designados por la misma comunidad y que se han preparado a lo largo de su vida política, ocupando diferentes cargos de importancia dentro de la comunidad y que evidencie la efectividad de sus acciones.

Las elecciones en el Cauca se han convertido en un modelo de ordenamiento sociopolítico y unidad territorial que demuestra que se pueden lograr resultados, si se involucra a toda la comunidad en las decisiones, ya que las propuestas políticas de los candidatos deberán estar alineadas con los planes de vida y los planes territoriales, esto con el fin de buscar el bien común y no el bien individual, afirma Acosta.

El modelo de gobernanza y política del Cauca ha sido replicado en algunas comunidades indígenas del Amazonas, donde ellas en asambleas abiertas con los candidatos, logran firmar acuerdos de cumplimiento frente a las principales necesidades de la población, una vez el candidato logra acceder al cargo de representación.

Dichos acuerdos o actas son firmadas, por todos los candidatos sin importar el partido político, lo que garantiza que conozcan de primera mano las necesidades globales de la comunidad. Esta metodología contribuye también, a que las negociaciones de votos, se realicen en conjunto y no con uno o dos líderes o “capitanes de indios” que manejan un cierto número de autoridades.

Claro que hay un largo camino de confianza que se debe elaborar, para conseguir que los candidatos cumplan después con las promesas hechas en campaña, pero eso no debe impedir que el trabajo de diálogo genuino se realice al interior de las comunidades para obtener un consenso dentro de toda la población y no solo de unas minorías que buscan su bien particular.

Tal vez este proceso tan riguroso en materia política que ha llevado en el Cauca y emulado en otros pueblos indígenas, sea digno de réplica o por lo menos, una aproximación a lo que debería ser entendido como ejercicio político auténtico y más, en una región como La Guajira donde el estado de cosas inconstitucionales sigue inamovible.

Es de reconocer que para abordar este proceso existen dificultades, , especialmente, las que se encuentran centradas en que la etnia mayoritaria en La Guajira como son los wayuu, no reconocen autoridad social ni política más allá del apushii o de la unidad familiar extensa, lo que  es aprovechado por los políticos profesionalizados para  pactar y hacer acuerdos individuales.

Si bien esta es parte de la realidad que se vive con el advenimiento del periodo electoral, los ejercicios de diálogo y participación del Cauca por lo menos se deberían servir para exigir que cada uno de los candidatos conozca a profundidad lo que ordena la Sentencia T-302 del 2017 y plantee propuestas que logren apalancar el cumplimiento de la misma, se comprometa a gestionar y vigilar los proyectos que se ofrezcan en territorio, para que sean pertinentes y sostenibles.

La Sentencia T-302 de 2017 permite establecer puentes de gestión social y políticos entre e’irukus  y apüshis e para para generar acuerdos y trabajar unificadamente sin importar el partido político o alianza. Es el momento de hacer cumplir la Sentencia, y lograr crear estrategias para salir del círculo de pobreza y desigualdad que ha llevado a los grupos indígenas a ser feriados ante el mejor postor, sin garantía en la protección de los niños, niñas y   la pervivencia como pueblo.

Es hora de que las comunidades que ocupan el desierto guajiro tengan agua potable, no solo para el consumo como lo pide la Sentencia (20 litros por persona), sino que puedan tener disponibilidad para implementar proyectos productivos que garanticen la soberanía alimentaria sin que tengan que depender de programas de asistencialismo.

Es tiempo de que las comunidades empoderen su palabra y generen procesos comunitarios que visibilicen sus necesidades y hagan valer sus derechos. Es necesario que se preste un servicio de calidad y accesibilidad en materia de salud y trata igualitario frente al servicio médico y cínico. Es urgente que se amplie la cobertura en los programas de atención del ICBF, para que ningún niño, sin importar su etnia o condición, quede por fuera de este tipo de servicios de educación inicial.

Mientras eso se materializa, es urgente que se implementen las acciones de urgencia para mitigar el estado de pobreza y abandono en las que hoy se encuentran las comunidades wayuu y se garantice por lo menos el goce efectivo de sus derechos.

Por eso es fundamental, en este año de elecciones, que no se deje pescar en río revuelto y haga valer su voto con decisiones de calidad y   con argumentos, exigiendo cumplimientos, logrando acuerdos e incluso planteando debates públicos, para lograr que este 2022 sea un año de cambios económicos y  sociales  en el desierto del norte colombiano..