Alcalde de Riohacha sigue en el cargo al no prosperar demanda en su contra.

El alcalde del Distrito de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, continuará en el cargo al negarle el Tribunal Contencioso Administrativo una demanda en su contra por perdida de investidura cuando se desempeñaba como concejal del Distrito, interpuesta por el abogado Carlos Julio Moscote Medina.

El alcalde fue demandado por el abogado Carlos Julio Moscote, aduciendo que en su condición de Concejal del Distrito en el periodo 2016-2019, violó el régimen de imcompatibilidades al renunciar el tres de agosto de 2019 para aspirar a la alcaldía sin esperar que transcurriera el tiempo de la prohibición
que contempla el artículo 43 de la ley 617 del 2000.

Además, que desde el 07 de noviembre hasta el 10 de diciembre del 2019, actuó de manera dolosa al gestionar la recepción de los asuntos y recursos públicos de la alcaldía distrital de Riohacha como alcalde electo para el periodo 2020-2023 dándole aplicación a la ley 951 del 2005 en concordancia con la directiva N° 009 del 8 de julio del 2019 de la Procuraduría General de la Nación, para lo cual designó un equipo de trabajo los cuales firmaron los formatos y actas empalme e informe ejecutivo de gestión ante el alcalde distrital de Riohacha Juan Carlos Suaza Móvil, y demás autoridades administrativas como los secretarios de despacho y directores de oficina quienes también firmaron realizando la entrega.


En ese sentido, las magistradas plantean, si no existe inhabilidad para que un concejal aspire a ser elegido
como alcalde para el periodo siguiente, a fortiori, no es posible determinar que, si es elegido
en el proceso electoral como alcalde, no debe participar del proceso de empalme que
establece la ley 951 de 2005.

Precisan que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 la ley 951 de 2005, es una obligación del servidor público entrante recibir el informe y acta respectiva y revisar su contenido, de manera que su cumplimiento resulta imperativo, tal como lo destacó la señora agente del ministerio público en su intervención de fondo.

Advierten que en ese marco, para supuestos como el que se analiza, ni siquiera es posible encontrar una contradicción aparente entre la incompatibilidad que señala el literal b numeral 1 del artículo 39 de la ley 734 de 2002 y la obligación que impone el artículo 5 la ley 951 de 2005, dado que el mismo artículo 28 de la ley 734 de 2002 consagra como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, el estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.

En ese sentido, resulta claro que, aun aceptando la aplicación al juicio de pérdida de investidura, de la causal de incompatibilidad del literal b numeral 1 del artículo 39 de la ley 734 de 2002, no puede derivarse la configuración de esta al supuesto de marras, al participar el ex concejal y alcalde electo en el proceso de empalme cuya realización demanda la ley 951 de 2005.

El fallo lleva la firma de las magistradas Hirina del Rosario Meza, y Carmen Cecilia Plata Jiménez.

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