La improvisación como estrategia gubernamental.

Por: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.

Las organizaciones No gubernamentales han venido visibilizando su preocupación por   el grado   de improvisación e incumplimiento en la ejecución de la Sentencia por parte de las entidades del gobierno quienes acuden a ellas como estrategia explícita de su accionar. Una muestra de ello  se presentó el pasado fin de semana. El 20 de noviembre estaba citada una reunión de consenso con el Ministerio del Interior en Riohacha, la cual fue suspendida sin mayores justificaciones, dejando a las comunidades wayuu en las puertas del Centro de Cultural de Riohacha.

En un oficio con fecha 18 de noviembre, con bombos y platillos el Ministerio de Interior anunció la convocatoria para  generar acuerdos sobre la metodología  y los procesos de consulta previa para la construcción conjunta del plan de acción  para la ejecución de la Sentencia,  acción que las autoridades indígenas se encuentran esperando desde junio de 2018, lo que ha llevado a que los wayuu y otras organizaciones  se quejarán ante  las instituciones  del Mecanismos Especial de Seguimiento integrado por la Corte Constitucional, el Tribunal Superior de Riohacha, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

Por las actuaciones, se percibe que los tres niveles de gobierno comprometidos en la Sentencia no tienen la voluntad de realizar una interlocución que permita el diálogo genuino sobre las soluciones a plantear para superar el Estado de Cosas Inconstitucional – ECI, ya que a las comunidades no se les ha consultado sobre la posibilidad de constituir un ente que represente a todos los wayuu y que no se han cumplido los objetivos mínimos constitucionales.

Con base en ello, la Asociación Nación Wayuu solicitó ante las entidades de control y vigilancia que se declare el incumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.  El fallecimiento reiterado de niños de la etnia wayuu ocurre por la negligencia de las instituciones responsables de los programas de atención a la primera infancia del ICBF y de las EPS que mantienen la cobertura en salud.

El Grupo Ecológico y Comunitario TAKOKO ha expresado sus preocupaciones por la desarticulación de las instituciones para la implementación de acciones que garanticen el acceso al agua, a la salud y a la educación y hacen un llamado al dialogo y a la concertación con las comunidades para la adopción de las acciones a implementar. De manera concreta solicitó: i) abastecimiento de agua y ayudas humanitarias para 820 familias que habitan 55 comunidades en el municipio de Manaure; ii) apoyo económico para el sector productivo de pescadores, artesano y cultivadores de sal; iii) abastecimiento de kits de aseo, al igual que capacitación a las comunidades sobre la prevención del COVID 19, aspecto sobre el cual, esta entidad requirió al Ministerio de Salud y iv) al ICBF mayor supervisión sobre los programas de atención a la primera infancia, pues las comunidades han expresado inconformidades permanentemente.

Las organizaciones Shipia Wayuu y la Asociación de Autoridades Claniles de la Zona Norte Extrema – Wayuu Araurayu, han reafirmado la necesidad de declarar el incidente de desacato por parte de las entidades involucradas en el cumplimiento de la Sentencia.

La Asociación de Autoridades Tradicionales y Representantes de Territorios wayuu, Zona Centro de la Alta Guajira con sede en Irraipa – Uribia, ha venido informando a los organismos de seguimiento y vigilancia, el incumplimiento de las instituciones en relación de la implementación del Plan de Acción. Reportaron que las propuestas   establecidas desde las comunidades en el anexo III también han sido incumplidas lo que demanda de manera urgente la intervención de la Corte Constitucional, en diálogo directo con las autoridades tradicionales. 

La Autoridad Tradicional de Perratpu, solicitó la intervención oportuna de la Corte Constitucional ante la nula presencia y pronunciamiento de las instituciones para atender de manera diligente los requerimientos de apoyo a la población amenazadas de la etnia wayuu.  También solicitó rutas interinstitucionales para la preservación y conservación de la identidad cultural y territorial de su comunidad y acompañamiento del Estado debido a los casos de desplazamiento forzado.

El Movimiento Juvenil Diverso del Departamento de La Guajira, es una agrupación de jóvenes que se materializó de manera paralela con las marchas y protestas que se generaron a nivel nacional en el mes de mayo, iniciativa que expresan mantener hasta que la dignidad se vuelva costumbre.  Dentro del pliego de peticiones, presentado por los jóvenes en el inicio de su protesta, se solicitó el acceso a la educación con calidad, infraestructura hospitalaria, una política de desarrollo económico integral que resuelva el desempleo juvenil y el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que busca erradicar la desnutrición, garantizar el agua y la seguridad alimentaria en las comunidades wayuu de La Guajira.  

Con esta agenda solicitaron la instalación de una mesa de diálogo, que conduzca a construir con todos los actores, un plan de emergencia que establezca las acciones y medidas necesarias para avanzar en la solución de los problemas estructurales del departamento, que han ocasionado la existencia de vulneraciones reiteradas a los derechos humanos.

De acuerdo a Human Rigths Watch – HRW, la muerte de niños menores de cinco años asociadas a la desnutrición no se detiene en La Guajira.  Sostienen que el problema no es la falta de recursos, sino que ellos han sido invertidos de manera ineficiente. La corrupción ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud que son necesarios para la supervivencia de los wayuu. Se ha contabilizado que las pérdidas en los programas destinados a la alimentación infantil han alcanzado la cifra de los $ 30.000 millones (cerca de 10 millones de dólares), de los cuales sólo se han recuperado 2 mil dólares.

La organización defensora de los Derechos Humanos, De justicia señala que el hambre y la malnutrición tienen un impacto desproporcionado en los pueblos y comunidades étnicas, y en los grupos con menores recursos económicos. Esta situación llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara, en diciembre de 2015, medidas cautelares en favor de las comunidades wayuu de la Alta Guajira y a que la Corte Constitucional emitiera en 2017 dos Sentencias de tutela para proteger los derechos a la autodeterminación, al agua, la alimentación y a la salud de los niños y niñas de este pueblo indígena, una de ellas ordenando medidas estructurales para la región.

Ante la improvisación e incumplimiento, a  los gobiernos  nacional, regional y  local,  les solicitó poner en marcha   estrategias de gestión social  en el territorio, tales como: i) propiciar servicios de salud y prevención; ii) generar redes de seguridad social y económica para la reducción de la pobreza, especialmente en las comunidades dispersas; iii) mejorar los entornos escolares  en los componentes de alimentación de los niños y niñas wayuu; iv) trabajar en la soberanía alimentaria  teniendo como centro en el desarrollo  de  la producción local, redes y alianzas comunitarias;  v) mejorar el acceso a información estadística; vi) empoderar y mejorar la participación de las autoridades tradicionales y  vii) articular el trabajo de las autoridades a nivel territorial, como los corregidores, al igual que con las instituciones educativas.

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