Consejo de Estado estudia caso electoral del gobernador de La Guajira para unificar jurisprudencia.

El Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por su importancia jurídica y para unificar jurisprudencia, estudiará la solicitud presentada por la sección quinta y el conjuez José Rodrigo Vargas, dentro del tramite de tutela presentada por el gobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón, en contra de la sentencia que declaró nulo su acto de elección, solicitando el  amparo a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al acceso a cargos públicos.

Además, para que resuelva la impugnación en contra de la sentencia del pasado 9 de septiembre de 2021, de la sección segunda subsección A del Consejo de Estado, que concedió a Roys Garzón el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, y el principio de confianza legítima y dispuso: dejar sin efectos la sentencia del 1 de julio de 2021 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En consecuencia, ordenó a dicha autoridad, que dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, dicte una decisión de reemplazo, en la que tenga en cuenta los lineamientos a los que se ha hecho referencia en la parte motiva de este proveído.

En ese sentido, el fundamento central que expuso el juez de tutela para conceder el amparo fue el siguiente:

las decisiones que dicte el Consejo de Estado, que implique precisar el alcance de las normas respecto de casos que no se han decidido con anterioridad, o frente a los cuales la jurisprudencia pertinente es anterior a los hechos objeto del respectivo proceso, debe indicar que rige hacia el futuro, esto es, que tiene efecto no para la controversia objeto de estudio, sino para las análogas que se presenten con posterioridad, so pena de “sorprender” a las partes de la primera con criterios interpretativos que desconocían para el momento en que tuvieron lugar los hechos del caso.   

Los magistrados que integran la Sección Quinta y el conjuez José Rodrigo Vargas del Campo solicitaron que “la Sala Plena Contenciosa Administrativa, avoque, falle y revoque el fallo del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, para en su lugar negar la acción de tutela interpuesta”.

A juicio de los solicitantes, la Sala Plena debe determinar con claridad: “i) la necesidad o no, de condicionar los efectos de las decisiones jurisdiccionales a casos con las anteriores características, y en caso afirmativo, ii) cuáles son los requisitos que deben reunirse para predicar que las consideraciones que se efectúan sobre las normas y la jurisprudencia que tienen estrecha relación con los supuestos fácticos y jurídicos de un asunto no pueden aplicarse a su resolución, sino a controversias similares que se presenten con posterioridad, definiendo desde cuándo.  Consideran los solicitantes que (…) lo que se defina, contribuiría a precisar la extensión del principio de la confianza legítima en lo que respecta al alcance de las decisiones judiciales en caso novedosos (sic) o con poco desarrollo jurisprudencial, en un sistema normativo de derecho continental como el ordenamiento jurídico colombiano, por lo que constituye un asunto transversal y determinante que por su importa jurídica y dispersidad de posiciones judiciales es recomendable sea abordado por la Sala Plena (…)”.

En este orden, para la Sala queda claro que en efecto existe disparidad de criterio en relación con la aplicación de las reglas que fije la jurisprudencia anticipada y con los efectos que estas tienen para fallar controversias que tuvieron origen en conductas o hechos anteriores a la nueva jurisprudencia.

Por tal razón, es procedente asumir el conocimiento del presente asunto para definir los efectos que puedan tener este tipo de decisiones frente a: “(i) asuntos novedosos, o (ii) en los que se precise el alcance de las normas pertinentes y/o (iii) se aplique jurisprudencia que fue posterior a los hechos materia de la controversia”.

En consecuencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo accede a la solicitud de la parte accionada y avoca el conocimiento del presente asunto por su importancia jurídica y por la necesidad de unificar la jurisprudencia de conformidad con lo hasta aquí consignado.   

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