Sentencia T-302 no se cumple, niños wayuu siguen desprotegidos.
Más preguntas que respuestas, esa sería la conclusión de la inspección judicial que magistrados de la Corte Constitucional realizaron a varias comunidades indigenas de los municipios de Manaure y Uribia, para conocer los avances de la sentencia T-302 de 2017 que ordena proteger a los menores, incluyendo al Distrito de Riohacha y el municipio de Maicao.
En el terreno lograron evidenciar, luego de dialogar directamente con las comunidades afectadas, las necesidades de las familias wayuu y la urgencia para que todas las entidades involucradas en el fallo desde la presidencia de la República trabajen de la mano para lograr el cumplimiento de la sentencia.
En el desarrollo de la inspección judicial que presidió el Magistrado Auxiliar, Iván Humberto Escruceria Mayolo, logró conocer como opera la pila pública de Arroyo Limón y de Porky en la comunidad de Guarralaskatshi en el municipio de Manaure, así como las unidades comunitarias de Atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades que a través de esas iniciativas dan respuesta a la sentencia T-302 de 2017 pero que aún no logran cubrir en su totalidad a los menores ubicados en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
Para el transcurso de esta semana, se conocerá el resultado de la inspección judicial, mientras se ordenó una jornada de salud de manera urgente en el barrio tres de abril, en el municipio de Uribia, donde conviven familias migrantes, retornadas, no retornadas y wayuu, en condiciones deplorables.
La Procuraduría General
Cabe recordar, sobre ese mismo tema, el llamado de la Procuraduría general de la Nación quien pidió a los ministros de Salud y Protección Social, de Agricultura y Desarrollo Rural, y al superintendente Nacional de Salud, tomar medidas urgentes para enfrentar el incremento de casos de muertes asociadas a la desnutrición de niños y niñas menores de cinco años.
En el oficio que también fue dirigido a los gobernadores de los departamentos que generan más preocupación, entre ellos, Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Vichada, Valle del Cauca, Atlántico y La Guajira (que sigue presentando el mayor número de casos en el país), el Ministerio Público advirtió que los fallecimientos de niños y niñas menores de cinco años por desnutrición son prevenibles, y enfatizó en la importancia de “actuar con firmeza para integrar políticas, planes, programas y estrategias nacionales y de desarrollo territorial con equidad y sostenibilidad”.
El más reciente informe del Instituto Nacional de Salud (INS) expuso que este año se han notificado 133 muertes de niñas y niños, de las cuales se han confirmado 104, cifra que, a cuatro meses de finalizar el año, ya supera lo reportado en todo el 2020.
Siguiendo directrices de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, desde la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres se pidió a los gobernadores de estos entes territoriales un reporte sobre las acciones a emprender para contrarrestar efectivamente las cifras que se están presentando, prevenir su ocurrencia y superar las brechas existentes.
A juicio del ente de control es preocupante que exista “un aumento progresivo de muertes por y asociadas a la desnutrición en niños y niñas menores de cinco años, de conformidad con los reportes epidemiológicos remitidos a esta Procuraduría Delegada por parte del Instituto Nacional de Salud – INS”.
Agregó que es necesario priorizar esta temática en la agenda de las gobernaciones y replantear estrategias para evitar vulneración de derechos.
“Los problemas nutricionales en la población colombiana están afectándola vida, la salud y la integridad de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias, grupo poblacional por el que debemos velar para que se le garanticen los derechos humanos y su protección integral”, recalcó el órgano de control.
La Procuraduría General de la Nación hará seguimiento permanente con los procuradores judiciales de familia a los indicadores que las entidades territoriales tienen a cargo y que se relacionen con una adecuada nutrición de la niñez, entre ellos, la tasa de mortalidad infantil y porcentajes de nacidos vivos con bajo peso y de retraso en talla en menores de cinco años.
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