Corte Constitucional solicitó al Antropólogo Weildler Guerra, concepto para evaluar cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017.

Ordenó a las instituciones entrega de pruebas.

Por: Betty Martínez Fajardo

La sala octava de revisión de la Corte Constitucional, solicitó al Antropólogo, Weildler Guerra Cúrvelo, la entrega de  un concepto sobre las causas, las razones y las posibles soluciones para superar lo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denomina “barreras interculturales”, que impiden brindar la ayuda necesaria  y oportuna a los menores de edad con problemas graves de desnutrición.

La solicitud, tiene que ver con los avances de la sentencia T- 302 de 2017, que fue objeto de análisis por los miembros de la sala octava de revisión de la Corte Constitucional, en reunión del pasado 21 de julio de 2021, donde quedó demostrado los pocos avances en su cumplimiento, y originó que los magistrados ordenaran una serie de pruebas a las diferentes instituciones como la Presidencia de la República, el Instituto Colombianos de Bienestar Familiar, la gobernación de La Guajira, las alcaldías de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.

Para el antropólogo Weildler Guerra Cúrvelo, es un honor que la Corte Constitucional le solicité su concepto sobre un tema tan sensible que tiene que ver con la protección de los niños, niñas y jóvenes wayuu, para evitar que sigan muriendo por factores asociados a la desnutrición.

“Es un reconocimiento a las investigaciones etnográficas que he realizado a lo largo de toda una vida profesional acerca de la organización social, el sistema normativo y la cosmología wayuu en relación con varios aspectos de la sociedad”, dijo.

En el dialogo, expresó que es comprender las normas, los principios arqueológicos y valores que orientan la práctica de la vida entre los wayuu, la valoración de las personas como los niños en la sociedad wayuu, y roles que se tienen en esa forma de parentesco y de organización social los conjuntos de las madres, de los parientes uterinos del padre y la madre en la vida social, derechos y deberes que ambos grupos tienen.

“También implica a ser posible una mejor interacción y comprensión de los entes públicos que sus políticas tienen que comprender y conocer y desarrollarse respecto de la población sobre la cual trabaja en sus distintos campos no solo sobre la familia sino en el campo de la educación, de cultura, de la propia convivencia, de los conflictos, las mismas obras públicas, la territorialidad todo eso se debe tener en cuenta al interactuar que se está en un contexto social muy diverso y que la constitución protege esa condición en Colombia”, explicó.

Guerra Cúrvelo, considerado como un conocedor integral de la forma de vida de las comunidades indígenas de La Guajira, argumentó que ese reconocimiento de la Corte Constitucional, le permite entregar  suficientes argumentos para que  se entienda que hay detrás de la organización social, sus complejidades, los valores de las concepciones de familia en el mundo wayuu.

Niños wayuu en la via Uribia El Cabo de la Vela. Foto: Betty Martínez Fajardo.

Pruebas

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los Magistrados Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, en el seguimiento a la implementación de la sentencia T-302 de 2017, en sesión del pasado 21 de julio de 2021, requirió  al Ministerio del Interior para que remita  la copia del registro audiovisual donde conste el proceso de divulgación y traducción de la sentencia en wayuunaiki, denotando su comunicación de forma oral, que debe generar un diálogo genuino en la implementación de los objetivos constitucionales mínimos y las necesidades de la población Wayuu. También deberá pronunciarse sobre lo señalado por el señor Javier Rojas (pueblos étnicos) en la sesión técnica virtual del 4 de junio de 2021, precisando qué solución o método de divulgación ha implementado para garantizar la divulgación oportuna y efectiva de la sentencia en las comunidades, particularmente en aquellas rancherías que no tienen acceso a la tecnología o a energía eléctrica.

Ordenó a la Consejería Presidencial para las Regiones, la documentación que le permita a la Corte evidenciar por ejemplo en qué ha radicado la demora para la realización de la consulta previa de las comunidades indígenas involucradas, además cómo se han materializado las 207 acciones y la inversión de los 1.6 billones de pesos, información que deberá ser relacionada en un cuadro sinóptico que evidencie el cumplimiento de cada una de las órdenes generales contenidas en las Sentencia T302 de 2017.

En relación con la puesta en marcha del Mecanismo, cómo se ha verificado y cumplido el primer componente de la orden general tercera de la Sentencia T-302 de 201731; con qué indicadores se cuenta para garantizar el goce efectivo de los derechos, la realización del censo y la elaboración de la estadística y los mecanismos de participación efectiva de los pueblos étnicos.

También, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, informar  de qué manera ha garantizado el diálogo genuino con las comunidades al momento de implementar las acciones tendientes a superar la crisis alimentaria que vive la comunidad Wayuu; cómo ha planteado efectuar el proceso de participación con las comunidades y qué instituciones hacen parte de dicho proceso; y  qué pronunciamiento le merece la manifestación de los consejeros territoriales de la Zona Norte Extrema en La Guajira en lo relacionado con el reconocimiento de la comunidad Wayuu como sujetos de derechos y lo que se deriva de ello, es decir, el respeto de su concepción sobre la atención de la niñez wayuu.

A la Consejería Presidencial para las regiones, le ordenó que suministre información clara, precisa y suficiente, así como la documentación pertinente que evidencie cómo se garantiza la continuidad y suficiencia en el acceso, disponibilidad y calidad del agua para la comunidad wayuu de La Guajira. En concreto, se debe indicar cuál es la cobertura actual y cuál ha sido el avance desde 2018, cuando se notificó la sentencia. Es decir, la presidencia debe presentar un paralelo que permita identificar cómo los programas implementados -principalmente Guajira Azul al cual el Gobierno le ha otorgado mayor relevancia- han significado un verdadero progreso en el acceso efectivo y seguro al agua, y el estado actual de la infraestructura de las diferentes medidas implementadas por el Gobierno para suministrar el agua a las comunidades y cuáles son las medidas para garantizar la sostenibilidad de dicha infraestructura.

Ordenó también a la Consejería Presidencial para las Regiones, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ministerio de Salud y Protección Social especifiquen cuáles son las medidas preventivas y de precaución que en materia sanitaria han adoptado de manera efectiva para evitar las muertes de los niños y las niñas wayuu de La Guajira por causas asociadas a la desnutrición; cuáles  son las bases de datos o fuentes de información que utilizan para soportar la información reportada a la Corte en respuesta a los diferentes requerimientos en el marco del seguimiento, en lo relacionado con los casos de desnutrición y muertes por esa causa en la niñez Wayuu, y qué medidas se han adoptado para enfrentar los problemas de subregistro y ausencia de información sobre datos de mortalidad y desnutrición desagregada y por municipio.

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