Alcalde del municipio de Fonseca regresa al cargo.

Se caen las elecciones atípicas previstas para este domingo 1 de agosto.

Un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, le permite a Hamilton García, asumir nuevamente como alcalde del municipio de Fonseca, toda vez que dejó sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, que declaró la nulidad de su elección el pasado 5 de febrero de 2021.

Además, ordena al Tribunal Administrativo, para que en el término de 20 días siguientes a la notificación, dicte la providencia que en derecho corresponda de acuerdo con la parte motiva del fallo del Consejo de Estado.

También, deja sin efecto el decreto No. 126 de 3 de junio de 2021 de la Gobernación de La Guajira “Por el cual se encarga transitoriamente de la alcaldía del municipio de Fonseca, la Guajira, a uno de los miembros de la terna presentada por el movimiento ciudadano y se convocan elecciones para elegir alcalde”, comoquiera que este fue expedido con fundamento en la decisión judicial de la Sentencia de 5 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro del proceso de nulidad electoral No. 44001-23-40-000-2019-00191-00.

Sobre esta base, la Sala estima pertinente señalar que las providencias invocados por el Tribunal Administrativo de La Guajira para justificar su decisión tampoco guardan una estrecha relación fáctica o jurídica con el caso concreto y, en ese orden, pese a ser posiblemente posturas jurisprudenciales vigentes, dados los hechos materiales del asunto de la referencia, no le eran aplicables o requerían, para su aplicación, una mayor carga argumentativa que la justificara.

En los Autos de 6 de agosto de 2020, Rad. 44001-23-40-000-2019-00175-01, y 10 de septiembre de 2020, Rad. 44001-23-40-000-2019-00184-01, la Sección Quinta del Consejo de Estado estudió recursos de apelación contra decisiones de medidas cautelares de suspensión provisional. En ambos procesos de nulidad electoral, a pesar de que se invocó el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, se estudia (pues aun cursan los trámites de instancia) la posible inhabilidad del alcalde (2020-2023) del municipio de Manaure, La Guajira, dado su parentesco con el rector de la Universidad de La Guajira. Asimismo, en ambos procesos se pone de presente que en el municipio opera un programa de etnoeducación a cargo de la mencionada institución educativa.

Este caso difiere de aquel en el que se estudió la nulidad de la elección como alcalde del señor García Peñaranda en (1) la naturaleza de la entidad (ente universitario – ESE) y (2) la prueba de existencia de operación de la misma en el ente territorial donde resultó electo el demandado. Circunstancia que, a criterio de la Sala, no podía haber pasado por alto la autoridad judicial accionada, pues ello hacia parte del estudio, tanto normativo como fáctico, del caso.

En lo que respecta con la Sentencia de 20 de febrero de 2012, Rad. 11001-03-28-000-2003-00063-00, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, basta con señalar que en ella se estudió un tema relativo al régimen de inhabilidades de los congresistas, concretamente los representantes a Cámara, un tema que diferente al que aquí interesa.

En ese orden, tal y como ya se manifestó, dados los hechos materiales de este asunto, las providencias invocados como precedente por el Tribunal no le eran aplicables al caso concreto o requerían, para su aplicación, una mayor carga argumentativa que la justificara, la cual, en todo caso, se echa de menos en la Sentencia de 5 de febrero de 2021.

Finalmente, frente a la decisión que alegó la parte actora como desconocida, tanto en el proceso ordinario como en el de tutela, esto es, la Sentencia de 2 de septiembre de 2005 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Rad. 20001-23-31-000-2003-03762-01, la Sala considera que la autoridad accionada no dio la debida argumentación que justificara su apartamiento, pues se basó en providencias no aplicables como se explicó previamente, a sabiendas que esa decisión judicial era la que guardaba el mayor grado de similitud fáctico y jurídico con el caso del señor Hamilton Raúl García Peñaranda.

Por lo anterior, es preciso señalar que logró advertirse la configuración de un desconocimiento del precedente en la Sentencia enjuiciada y, con ello, una violación al derecho fundamental al debido proceso. Lo que a su turno justifica que se modifique la decisión de tutela de primera instancia y, en su lugar, se ampare el derecho del accionante.

Defecto fáctico y sustantivo.

Sobre estos defectos, la Sala comparte el análisis realizado por la Sección Primera del Consejo de Estado sobre la improcedencia de los mismos, dada la falta de carga argumentativa en el escrito de tutela con la que se precisara cuáles eran los medios de prueba que fueron indebidamente valorados o dejados de apreciar de cara al elemento espacial o territorial de la causal de inhabilidad para alcaldes de que trata el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

En todo caso, no sobra señalar que, una vez revisado el expediente, la Sala no logró advertir que se encuentren demostrados los supuestos de hecho y de derecho que dan lugar a la configuración de la casual de inhabilidad alegada. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.