Ochenta y tres mil millones de pesos adeudan las EPS a las principales clínicas de La Guajira.

Por: Betty Martínez Fajardo

El cuadro no puede ser más dramático, para cinco de las principales clínicas de La Guajira, cuando en un extenso documento alertan de una deuda de más de 83 mil millones de pesos por parte de trece EPS, de los cuales más de 26 mil millones de pesos corresponde a EPS liquidadas por el Estado.

En el documento los representantes legales de las clínicas Cedes, Gyo Medicas IPS SAS, Renacer, Someda y Sociedad Médica Clínica Maicao, descarnan la situación que están viviendo por la alta cartera morosa, al tiempo que advierten que solo podrían estar funcionando hasta el 15 de junio de este año, en perjuicio de toda una comunidad que llegan a esas instituciones a buscar atención médica especializada, además de los pacientes afectados por Covid-19.

No es la primera vez, que estas instituciones alertan de la grave crisis económica, solo que en esta oportunidad la situación es mucho más compleja debido a la pandemia por el Covid19, que los llevó a una nueva inversión para adecuar espacios de cuidados intensivos con los equipos necesarios para ofrecer una atención de calidad.

Como lo relatan los representantes legales de esas instituciones, a pesar de las denuncias públicas, no han logrado tampoco que la Superintendencia de Salud y el Ministerio, conminen a las EPS a cumplir con el pago de las deudas atrasadas por servicios prestados a sus usuarios.

La mayor deuda corresponde a la Secretaria de Salud Departamental, en un monto de $ 26.124.071.444,00.

Dicen también que las Juntas Directivas, han estado dispuestos a planes de contingencia e implementar estrategias para hacer frente a la pandemia, pero la carga financiera y la ausencia de los recursos que deben girar las EPS los dejan sin opciones para funcionar.

En ese sentido, plantean la implementación de medidas de emergencia que permitan a sus IPS al atravesar por una crisis financiera, encontrar bajo la tutela de órdenes del Estado un espacio que permita salvar sus empresas, conservar los puestos de trabajo, y garantizar la continuidad del servicio de salud en esta época de pandemia.

Agregan, que por la crítica situación financiera también les resulta imposible adelantar un acuerdo de acreedores por parte de sus IPS.

La cifra de lo adeudado corresponden a:

De esa cifra, es aún más grave las que están a cargo de las EPS liquidadas por el gobierno nacional, porque se desconoce al momento quien responderá por el pago de esos recursos que suman 26 mil 283 pesos.

En el documento se indica, que durante la pandemia han brindado atención al 25% de las patologías de alto costo hospitalario con la destinación de recursos propios de tesorería a efectos de garantizar el cumplimiento de su misión.

“Ya tenemos serias y recurrentes dificultades económicas para compra de medicamentos, equipos y materiales, cancelación de salarios, honorarios, y compromiso de nómina y abastecimiento oportuno de oxígeno ante la precariedad de nuestras finanzas, cuya estabilidad ha estado comprometida desde hace varios años por cuenta de la deuda morosa o cartera consolidada que las EPS desatienden en desmedro de nuestro funcionamiento y patrimonio”, se expresa en la comunicación.

El Departamento

La Secretaria de Salud departamental, Ángela Torres, explicó que el departamento no puede ir en contra de la ley, toda vez que la administración previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 550 de 1999 y el decreto 694 de 2000, fue admitido a la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos en los términos previstos en la ley 550 de 1999 y la ley 1116 de 2006, mediante Resolución Número 2384 de diciembre 03 de 2020 expedida por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Por lo tanto recomendó, a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, que consideren tener deudas con el departamento, proceder al debido trámite administrativo y lega, para que sus acreencias sean reconocidas en los tiempos pertinentes de la citada ley.

Precisó, que en esas condiciones se dio cumplimiento a lo indicado en el artículo 11° de la Ley 550 de 1999 y para efectos de lo dispuesto por el artículo 13° de la misma Ley, se procedió a dar publicidad a este proceso de reestructuración de pasivos, en un diario de amplia circulación, en la cartelera y en la página web de la gobernación el 4 de diciembre de 2020.

De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 550 se entregó el inventario de acreedores y acreencias, incluyéndose todas y cada una de las obligaciones exigibles al inicio de la negociación, con el propósito que el promotor pueda determinar conforme a lo consignado en el artículo 25 de la ley 550 las acreencias y establecer los derechos de voto que le corresponde a los acreedores, de conformidad con la metodología señalada en el artículo 22 de la Ley 550.

Además, que el artículo 17 de la ley 550, se ordena que a partir de la iniciación de la negociación la entidad territorial que esté adelantando la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos, no puede efectuar pagos, compensaciones, conciliaciones, arreglos o transacciones de ninguna clase de obligaciones causadas a su cargo.

En ese mismo sentido, la Secretaria de Salud, Ángela Torres, precisó que en  relación a las deudas de las EPS,  teniendo en cuenta la circular 030 del 2013, resolución 332 del 2017, se  realizan  mesas de seguimiento al flujo de recursos  para el saneamientos, aclaración de cuentas,  con los gerentes de EPS y su red prestadora con el fin de realizar acuerdos y compromisos de pago donde  como departamento, solo son garantes  de la aclaración y depuración de la cartera,  de los compromisos de pagos de facturación. 

“Posterior a esos acuerdos nuestra entidad hace seguimiento al cumplimiento de estos compromisos de pagos y los incumplimientos encontrados son reportados a la Superintendencia Nacional de salud quien es la encargada se sancionar en caso de requerirse”, puntualizó.

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