Las estadísticas de morbimortalidad en La Guajira, son útiles e importan.

Por. Veeduría para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.

Los análisis cuantitativos se estructuran a partir de indicadores específicos, los cuales permiten estandarizar y evidenciar condiciones sociales y económicas que caracterizan a una ciudad, región o país. En él se utilizan técnicas matemáticas y estadísticas para identificar, describir, explicar, sacar conclusiones y pronosticar comportamientos sociales y económicos de impacto positivo o negativo. 

Igualmente, es el insumo más importante que tienen los tomadores de decisiones o quienes hacen la política pública para corregir el desarrollo tendencial de una situación indeseada y establecer alternativas potenciales de cambios planificados.  Si se emplea de manera pertinente, se constituye en un poderoso instrumento para brindar futuro y establecer un nuevo orden. Los indicadores hay que usarlos para acertar si o si.   En la sociedad y en los gobiernos por sus complejidades, las mejores decisiones deben ser tomadas con información de calidad, ya que los recursos son escasos y no se admite como en el pasado el voluntarismo, el buen olfato, el buen tino y el consejo al oído. Esto cambio definitivamente.  

Algunas personas se molestan al ver estadísticas vitales, datos, cifras y gráficos de morbimortalidad infantil de La Guajira en los medios de comunicación, noticieros y redes sociales.  De manera equivocada piensan que evidenciar la data contribuye a generarle una mala imagen al Departamento de La Guajira; en hablar mal de los gobiernos y funcionarios de turno; que eso ya se sabe; que eso aleja el turismo; que afecta la economía territorial; que no hay nada que hacer; que es mejor dejar las cosas como están y no hacer más bulla por la seguridad de las personas que estructuran y divulgan dicha información, etc.

Otras encuentran en ellas el valor y dimensionan el propósito, lo que se expresa en la creación de una opinión pública de calidad con incidencia. Ellas encuentran el verdadero sentido de las cifras y gráficos, dado que permiten evidenciar comportamientos, tendencias y alertas que conduzcan a la toma de decisiones y al desarrollo de acciones para frenar las situaciones adversas, como la desnutrición que cobra año tras año decenas de vidas de niños guajiros, en su mayoría de la etnia wayuu.

Con estadísticas y análisis cuantitativo, casi siempre es difícil discutir en la interpretación de contextos y realidades sociales y económicas.  No se puede tapar el sol con las manos y no se admiten conjeturas.  En contexto y la realidad de La Guajira señalan que no disminuyen las muertes de niños y niñas por múltiples causas y factores intervenirles y prevenibles como la desnutrición, enfermedad diarreica agua – EDA e Infección respiratoria aguda – IRA, que en su conjunto son señaladas en salud pública como patologías sociales y que se mantienen por conductas omisivas de los gobiernos.

La Guajira. Registro de nacimientos de indígenas y no indígena

En La Guajira se siguen muriendo los niños wayuu por causas prevenibles, pese a las medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, numerosas sentencias de la Corte Constitucional como la T-466 y la más importante de todas, la T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional, el cual será superado cuando cuatro indicadores de morbimortalidad por desnutrición alcancen la media nacional, meta que está muy lejos de lograrse.

En la situación actual por COVID -19, la crisis por la desnutrición se ha agudizado. A la fecha las medidas ordenadas  por los altos tribunales no  han sido  ejecutadas   por las siguientes razones: i) en las entidades no se entienden los alcances de las sentencias; ii) no  se toman en serio las consecuencias administrativas, fiscales y penales del desacato; iii) las autoridades responsables de ejecutar los mandatos  no han estructurado ni presentado el plan de acción (política pública) y iv) no saben cómo hacerlo, evidenciando bajas capacidades técnicas  y profesionales para  ejercer sus cargos,  actuar en el contexto de la interculturalidad y diálogo genuino (entre iguales) con las comunidades wayuu.

Las consecuencias están a la vista. De cada 100 niños que murieron en el país por desnutrición en el periodo de 2012 y hasta lo corrido de 2020 en promedio 11 fueron en La Guajira. En lo que va corrido del 2021, el Instituto Nacional de Salud ha reportado 29 casos de menores de 5 años muertos por causas asociadas a la desnutrición, de ellos 9 son en La Guajira, representando el 31% del total nacional. Teniendo en cuenta que la población menor de 5 años de La Guajira representa el 2.9% del total niños menores de 5 años del país para el año 2021, es alarmante que el departamento aporte el 31% de los casos de muertes por esta causa. Igualmente, el 8.5% de casos de desnutrición aguda severa y el 11.9% de los casos de muertes por IRA.

Con ello se observa con claridad que no se ha logrado las metas de la Sentencia T-302 de 2017, toda vez que la tasa de mortalidad por desnutrición nacional por 100.000 niños a la semana 9 de 2021 se ubicó en 0.74 y la de La Guajira en 8.03, es decir, 10.9 veces por encima de la media nacional. En los casos de desnutrición aguda severa el porcentaje nacional se establece en 5.4%, pero La Guajira se ubica con 16.1%, es decir, 3 veces por encima de la media nacional. En los eventos de mortalidad por Enfermedad Respiratoria Aguda (IRA), otra patología de interés de la sentencia, la tasa nacional (por 100.000 niños) se ubicó en 1.5 y la Guajira en 6.24, 4.2 veces por encima de la media nacional.

Entre el 2019 y 2020 la tasa de mortalidad de menores de 1 año pasó de 23,1 a 35,5 por cada 1.000 nacidos vivos. En menores de 5 años también subió de 27 a 42,7, es decir, se dispararon, muy a pesar de que los registros de nacimientos durante el 2020 se redujeron en un 50% sin encontrarse una explicación clara ya que este comportamiento demográfico incluye a la población no indígena.   

Que  es  el resultado del subregistro de los nacidos vivos durante el ciclo de la pandemia del Covid-19, no es una explicación satisfactoria, ya que la Registraduría  y el sistema de atención  en salud  tienen la obligación de mantener activas sus redes, lo que evidencia que existen nacidos vivos sin identificación, colombianos anónimos y sin derechos, lo que requiere  de una estrategia especial  de búsqueda inmediata de ellos para brindarle la especial protección de los derechos y garantías determinadas en la Constitución.

No se puede retroceder y el subregistro no debe volver a masificarse. Uno de los pocos avances del sistema de atención en salud y del registro de nacimientos en La Guajira, es haber logrado que la población indígena que es el 49% certifiquen e identifiquen los nacidos vivos y ello se debe a que se los alumbramientos se realizan en centros hospitalarios o bajo la atención de parteras indígenas formalizadas en el oficio, tendencia creciente hasta el 2019 y que en el 2020 ha perdido su dinámica.

La certificación o el registro de nacido vivo, es sustantivo en la intervención de condiciones de desnutrición. Los biólogos y ambientalistas desarrollan procedimientos de identificación, registro y seguimiento remoto para salvar especies en riesgo de extinción. Con mucha más razón y teniendo en cuenta las sentencias y ordenes de las altas cortes, los funcionarios del sistema de protección a la infancia y niñez, con él pueden implementar metodologías de evaluación y monitoreo de los nacidos vivos wayuu en sus comunidades. Este es el inicio de la ruta de intervención a las condiciones de desnutrición que los funcionarios nacionales y territoriales no han podido plasmar en la política pública requerida por la Sentencia T-302 de 2017.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.