El Índice Departamental de Competitividad va de la mano del cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017.

Por Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.

Los pueblos indígenas asentados en La Guajira representan el 47.6% del total población, y si a estos le sumamos la población afrodescendiente, como grupos étnicos llegarían al 55%, es decir, su incidencia es extremadamente alto, y al ser mayoritarios, sus indicadores socioeconómicos serán los derroteros que demarcan el nivel de desempeño social y económico del departamento.

En el Plan de Desarrollo Integral para el Resguardo wayuu 1986 – 1990, el exgobernador Enrique Danies Rincones expresaba “. El bienestar de la población indígena es el termómetro para indicarnos si en La Guajira estamos avanzando hacia el desarrollo”. 

La Sentencia T-302 de 2017 que se genera por los déficits generalizados de los derechos al agua, alimentación, seguridad alimentaria, salud y participación en las comunidades wayuu de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y el Distrito de Riohacha, determina la existencia  un estado de cosas inconstitucional, y en esa medida, superar las  condiciones adversas al desarrollo social y económico de la población más numerosa del departamento y con mayores precariedades, es contribuir a mejorar el Índice de Competividad Regional, apoyándose en: i) la calidad de los sistemas de información para la toma de decisiones; ii)  la imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas y iii) sostenibilidad de las inversiones estatales.

Balance de los pilares en el índice de competitividad

Para evidenciar los niveles de competitividad de un territorio, región o ciudad, se acude a medir los pilares y variables sociales y económicas, objetivos e indicadores que en la Sentencia T-302 se pueden agrupar en aquellos relacionados con las condiciones de vida de la población y los que sirven para mostrar la calidad de la gestión institucional y la sostenibilidad de las inversiones públicas.

En el pilar 1 sobre las instituciones, se destaca la medición de las entidades territoriales en la gestión de recursos, autonomía fiscal, las condiciones de pobreza, tasas de desempleo, informalidad y el esfuerzo fiscal. En este pilar también se miden las tasas de homicidios, tasa de secuestro, eficiencia de la justicia y productividad de jueces, dimensiones del desarrollo institucional en donde el departamento de La Guajira y sus municipios lucen altamente rezagados.

El pilar 2 de infraestructura, tiene en cuenta la cobertura de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y sus costos, las cuales son extremadamente deficientes en el departamento. Recordemos que en Riohacha, la ciudad capital, el agua llega a los usuarios solo dos días a la semana, y es más deficiente por no decir que casi inexistente en territorios étnicos donde vive más de la mitad de la población del departamento, carencias que se convierten en el primer objetivo mínimo constitucional a superar por la nación y los entes territoriales en el marco de la Sentencia T-302 de 2017.

Aquí se incluye la infraestructura vial, como el porcentaje de vías en buen estado, costo de transporte terrestre, pasajeros movilizados vía aérea e índice de conectividad aérea, que presentan altas deficiencias en territorios étnicos objeto de la T-302.

En el pilar 3 se le da importancia a la adopción de las tecnologías de la información y comunicaciones – TICs, con lo que se desea mostrar el grado de penetración de internet banda ancha fijo, los hogares con computador, hogares con teléfono celular, matriculados en programas TIC, lo cual también es extremadamente bajo, en especial en territorios indígenas, situación que se volvió más crítica con el confinamiento social obligatorio por la pandemia del Covid-19.

El pilar 4 destaca la sostenibilidad ambiental a partir de la tasa de deforestación, el índice municipal de gestión del riesgo y la disposición adecuada de residuos sólidos, esta última inexiste en territorios rurales y étnicos.

El pilar 5 está relacionado con un objetivo relevante de la Sentencia. La cobertura y la oportunidad de los servicios de salud, se evalúan a partir de la vacunación triple viral y la pentavalente, controles prenatales, mortalidad infantil, expectativa de vida al nacer, indicadores que en el departamento son dramáticos al compararse con los promedios del país. También el número de médicos generales, médicos especialistas, camas de servicios especializados, tasas que son muy bajas y se concentran en los centros urbanos, donde solo vive el 49% de la población.

El pilar 6 educación básica y media,  se precisa con  la cobertura neta en preescolar, primaria, secundaria y media, las tasas de deserción, los resultados pruebas saber 11, la relación estudiantes-docentes, la inversión en calidad de la educación básica y media, la cobertura universitaria, el número de graduados en posgrado, el dominio de segundo idioma, etc., variables en las cuales La Guajira tiene mucho por avanzar, teniendo a la fecha aún muchos niños estudiando bajo árboles o enramadas, sin acceso al agua, energía eléctrica y mucho menos a las  tecnologías de la información.

En el pilar 7 sobre el entorno para los negocios, con variables como facilidad para abrir una empresa, registrar propiedades, facilidad para obtener permisos de construcción, facilidad de pago de impuestos que inciden en la calificación regional del Doing Business, aún hay mucho por avanzar en los acuerdos público – privados, que se pueden impulsar desde la Comisión Regional de Competitividad.

El pilar 8 que tiene en cuenta las condiciones del mercado laboral permite evaluar la tasa global de participación en el mercado laboral, tasa de desempleo, formalidad laboral, subempleo objetivo, empleo vulnerable, brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, índice de bancarización, índice de profundización financiera de la cartera comercial, etc. lo cual no se mide sistemáticamente en los grupos étnicos.

Aunque el Índice de competitividad tiene en cuenta muchas otras variables, las anteriores nos muestran que lo que se evalúan son las condiciones sociales y económica de los territorios y como estos avanzan procurando bienestar a la población, el comportamiento y la calidad de las instituciones.

Para el 2020 La Guajira fue evaluada con 3,98 puntos en el Índice de Competitividad, lo que la ubica en el puesto 25 a nivel nacional, mejorando un poco frente al 2019 donde saco 3,87 puntos y ocupaba el puesto 27. Sin embargo, las brechas con la nación y con los departamentos se hacen mayores, perdiéndose así la oportunidad de atraer inversiones públicas y privadas generadoras de empleo, mucho más cuando el departamento se encuentra ante un proceso de transición del modelo económico extractivo que ha primado por más de 40 años.

En competividad los retos para La Guajira son inmensos y cambiar requiere de una institucionalidad que según Daron Acemoglu debe tener un fuerte componente de calidad, legitimidad y capacidad de gobierno, precisamente de lo que ha adolecido en los últimos 10 o más años de inestabilidad política administrativa y que se logró recuperar un poco con el actual gobierno departamental, pero que se encuentra nuevamente amenazada ante los estrados judiciales

Mejorar el Índice Departamental de Competitividad, requiere de muchos actores, proceso que debe ser acompañado con el cumplimiento de los ordenado en la Sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira por la vulneración masiva de los derechos fundamentales del pueblo wayuu, que representa casi la mitad de la población del departamento. Garantizar el acceso al agua potable, seguridad alimentaria, a la salud y mejoramiento de la red vial para que faciliten el intercambio de bienes y servicios en los territorios rurales dispersos que representan el 70% de La Guajira, es la ruta segura para elevar el índice de competitividad regional e iniciar un camino de reducción de brechas sociales y económicas.

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